Economía y Derecho

En una conferencia organizada por la Facultad de Derecho UNAB, se reunieron especialistas en la materia, destacando el catedrático de la Universidad de Salamanca, Dr. Lorenzo Bujosa Vadell.

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Las áreas de Derecho Procesal y de Derecho de la Empresa de la Universidad Andrés Bello se unieron para organizar la conferencia “Los procesos colectivos: avances y retos”, la cual tuvo como objetivo conocer el avance de éstos en el ámbito procesal comparado y contrastarlo con su desarrollo en el ámbito nacional, con especial énfasis en materia de derecho de los consumidores.

Por esta razón, contaron con la participación especial del catedrático de la Universidad de Salamanca (España), Dr. Lorenzo Bujosa Vadell, experto a nivel iberoamericano sobre el tema de los procesos colectivos. Además, también expuso la profesora de Derecho Civil de la Universidad de Talca, Dra. Erika Isler, y el subdirector nacional del Sernac, Jean Pierre Couchot.

Andrés Peña, coordinador del área de Derecho Procesal UNAB, fue quien estuvo a cargo de esta actividad – junto al coordinador de Derecho de la Empresa, Andrés Bustos – y quien dio la bienvenida a los asistentes. “Los procesos colectivos han constituido un mecanismo para superar algunas de estas nuevas exigencias de la sociedad, a tal punto que hoy podemos decir que constituyen una doctrina y una normativa recibida y afianzada en el ordenamiento”.

El profesor UNAB agregó que esta situación, sin embargo, “no es obstáculo para poder detenernos y reflexionar sobre ello, lo que es precisamente el objetivo de esta actividad. En el fondo, de que se trata es poder pensar cuánto hemos avanzado y, a la vez, cuánto es lo que nos queda por sortear”.

La sociedad y la legislación

El invitado principal de esta jornada fue el Dr. Lorenzo Bujosa Vadell, quien se refirió al proceso histórico que han vivido los procesos colectivos. Así, señaló, que la masificación no era un concepto que existía cuando se hicieron los códigos normativos, ya que en el siglo XIX el planteamiento era el individuo, el propietario que tiene derecho sobre una cosa con exclusividad.

Pero, conforme el avance de la sociedad, ya a mitad del siglo XX se comenzaron a notar las consecuencias para el derecho en este ámbito. “Iba mucho más allá de lo que aparecía, y siguió apareciendo, en los códigos civiles y luego en los procesales, que estaban pensados para conflictos individuales, ahí se presentaron muchos problemas”, expresó.

El académico de la Universidad de Salamanca agregó que, en muchos ordenamientos, la solución a esos problemas que se iban planteando fueron tratados, aunque no se terminaron de resolver.

Así, nombró países como Chile y Argentina, y su camino a las normas sobre procesos colectivos que los tribunales han tenido que dar respuesta, además de Venezuela donde la Corte Suprema, a pesar de no tener las atribuciones, se molestó en hacer un texto articulado en una sentencia sobre cómo regular los procesos colectivos.

Además, el experto iberoamericano habló sobre España donde a principios de los años 80, se plantearon algunos casos con consecuencias masivas, tanto en materia de consumo como de otra índole. Ejemplo de ello, dijo, fue cuando se produjo la rotura de una represa que dañó todo el valle de la zona oriental en la provincia de Valencia, lo que llevó a un proceso donde se tuvieron que resolver cuestiones de daños masivos sin que hubiera una norma ad hoc.

Asimismo, nombró el caso del aceite de colza desnaturalizado, el cual era de uso industrial y se vendió en el comercio ambulante para consumo humano. “Eso provocó la promulgación de una Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, y se abrió un proceso penal en paralelo con las exigencias de resarcimiento civil, que dieron lugar a que todos los que figuraban como víctimas tenían derecho a una determinada indemnización, pero eso fue una improvisación porque no había norma”. A raíz de estos ejemplos, el catedrático, recalcó entonces que “la sociedad se ha complejizado y la legislación ha venido mucho más retrasada”.

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