Docentes de Derecho Privado UNAB destacan con ponencias en las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil

La Universidad Andrés Bello (UNAB) participó en las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, realizadas entre el 8 y el 10 de octubre de 2026 en la Universidad Católica del Norte (UCN). El encuentro, considerado uno de los principales espacios de discusión académica de la disciplina en Chile, reunió a especialistas para analizar problemas jurídicos, revisar interpretaciones doctrinarias y debatir sobre los desafíos del derecho privado.

En esta edición, académicos regulares y adjuntos del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho UNAB, provenientes de las sedes Santiago, Concepción y Viña del Mar, presentaron investigaciones relacionadas con problemáticas de relevancia práctica y doctrinaria. Los trabajos abordaron materias de responsabilidad civil, contratos y derecho de familia, con énfasis en la interpretación de las normas y en sus consecuencias para la resolución de conflictos.

La coordinadora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho UNAB, Dra. Javiera Farías Soto, destacó la participación de los docentes en esta instancia de intercambio académico.

“La presencia de académicos de las sedes Santiago, Viña del Mar y Concepción en el principal cónclave anual de derecho privado en Chile da cuenta de la solidez, profundidad y rigor dogmático de nuestra área. Desde la Coordinación buscamos potenciar de manera sostenida estos espacios de discusión crítica, que no solo visibilizan el talento de nuestros docentes, sino que aportan activamente a la generación de doctrina y soluciones a problemáticas reales de la justicia nacional”, señaló.

Acciones colectivas ante defectos de construcción

En la mesa de Responsabilidad, la profesora investigadora de la Sede Santiago, Dra. Macarena Díaz de Valdés, presentó la ponencia “Calificación jurídica de las víctimas de daños por fallas o defectos constructivos para demandar colectivamente”.

Su investigación examinó el alcance de las acciones colectivas contempladas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), particularmente en relación con la identificación de las personas habilitadas para ejercerlas y la naturaleza jurídica de la responsabilidad involucrada.

Uno de los aspectos centrales fue la distinción entre las condiciones para iniciar una acción colectiva y aquellas que permiten ejercer una demanda indemnizatoria individual. Mientras esta última puede ser interpuesta por quienes hayan sufrido daños derivados de fallas constructivas, incluso sin un vínculo contractual directo con el propietario primer vendedor, la vía colectiva plantea interrogantes sobre la determinación de los afectados que cuentan con legitimación para demandar.

El análisis resulta relevante para la interpretación de los mecanismos de protección jurídica frente a defectos constructivos, especialmente cuando los daños afectan a múltiples personas y es necesario establecer las condiciones para una reclamación colectiva.

El contrato de arrendamiento después del lanzamiento

En la mesa de Contratos, el secretario académico de la Sede Concepción, Dr. Christofher Elso, expuso la investigación “¿Qué ocurre con el contrato de arrendamiento luego de ser lanzado el arrendatario en virtud del procedimiento monitorio de cobro de rentas?”.

El trabajo abordó una cuestión jurídica vinculada con el procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento de predios urbanos: cómo fundamentar la extinción del contrato una vez que se ha decretado el pago y se ha ejecutado el lanzamiento del arrendatario, considerando que el procedimiento no contempla expresamente una pretensión de terminación contractual.

Frente a este problema, el académico examinó dos posibles fundamentos jurídicos. El primero corresponde a una terminación tácita derivada de conductas concluyentes de ambas partes; el segundo, a una terminación unilateral por parte del arrendador, cuyo ejercicio puede ser objeto de control judicial posterior.

La investigación pone de relieve la importancia de precisar los efectos contractuales de los procedimientos judiciales de cobro, así como de distinguir entre las consecuencias procesales de una resolución y las bases sustantivas que justifican el término de una relación contractual.

Mala praxis médica y daños en la vida familiar

En la mesa de Derecho de Familia y Temas Generales, el docente adjunto de la Sede Viña del Mar, profesor Rubén Palacios, presentó la ponencia “La intersección entre la responsabilidad médica y el derecho de familia: el daño institucional y conyugal derivado de la mala praxis”.

La exposición analizó cómo las consecuencias de una negligencia médica pueden extenderse más allá de la persona directamente afectada y repercutir en su entorno familiar. Para ello, el académico examinó situaciones como los daños corporales de carácter catastrófico y las fallas en procedimientos de esterilización, que pueden modificar las dinámicas de convivencia, generar responsabilidades de cuidado permanentes o afectar la confianza en la relación conyugal ante embarazos no planificados.

A partir de estos casos, Palacios planteó que el proyecto de vida familiar constituye un bien jurídico susceptible de protección indemnizatoria en sede civil. Desde esa perspectiva, sostuvo la pertinencia de reconocer la legitimación activa directa y autónoma del cónyuge que no fue paciente para reclamar la reparación del daño moral propio derivado de la mala praxis.

El planteamiento amplía la discusión sobre el alcance de la responsabilidad médica y la identificación de las personas que pueden reclamar una indemnización, considerando que un mismo hecho puede producir perjuicios diferenciados en distintos integrantes de una familia.

Investigación jurídica y discusión doctrinaria

La participación de los académicos de la UNAB en las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Civil permitió presentar investigaciones que examinan problemas concretos de la práctica jurídica desde distintas áreas del derecho privado. Aunque los trabajos abordan materias diferentes, comparten el interés por precisar el alcance de las normas, discutir sus fundamentos y examinar sus efectos en la resolución de conflictos.

Estos espacios de encuentro contribuyen a contrastar interpretaciones, someter propuestas jurídicas a discusión especializada y fortalecer el desarrollo de la doctrina nacional. Asimismo, permiten vincular la investigación académica con preguntas que surgen en la práctica judicial y en las relaciones cotidianas entre personas, instituciones y organizaciones.

En esa línea, la participación de docentes de distintas sedes refleja el trabajo del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho UNAB por promover la investigación y la discusión crítica en torno a los desafíos actuales del derecho civil chileno.