DIARIO UNAB | ¿Qué tanto esperamos de una nueva Constitución?
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El plebiscito del 25 de octubre atrajo a las nuevas generaciones que se marginaron de comicios anteriores. La posibilidad de un cambio político social convocó masas y levantó expectativas ante una nueva Constitución. Pero ¿qué pasaría si el documento no responde a las principales demandas sociales, podría resurgir el descontento social con igual intensidad? Preguntamos a cuatro académicos de UNAB, quienes proyectaron el contexto en el que se mueve la nueva Constitución.

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El plebiscito para decidir por una nueva Constitución se convirtió en la elección más masiva desde el retorno a la democracia. Según cifras del Servicio Electoral (Servel), más del 50% del padrón votó para resolver el futuro de la Constitución, con más de 7 millones de participantes. En estos comicios destacó la participación de los jóvenes, ya que los menores de 30 años subieron casi 20 puntos el porcentaje de votación respecto al proceso eleccionario de 2017, según la firma de data science Unholster.

A siete meses del plebiscito del 25 de octubre, la tensión permanece a la hora de hablar de las elecciones constituyentes, tanto por la posibilidad de un nuevo cambio en la fecha por la pandemia, como por las expectativas que genera una nueva carta magna.

El reciente estudio “Voces Ciudadanas para la Constituyente”, realizado por las 21 empresas pertenecientes a la Asociación de Investigadores de Mercado y Opinión Pública (AIM), indica que los chilenos tienen altas expectativas frente a la Convención Constitucional, pero, al mismo tiempo, temen una falta de diálogo entre los representantes de los distintos sectores políticos.

Las cifras arrojaron que una de cada tres personas tiene mucha confianza en que el proceso resolverá problemas como; pensiones, calidad de la salud, educación, empleo o sueldos. También una de cada tres personas confía en que traerá cambios positivos para el país, la democracia y la forma en que se regula la vida social y económica.

¿Resolverá los problemas de base la nueva carta magna?

Para la académica de la Facultad de Derecho UNAB, María Ignacia Sandoval, lo primero es tener claro que la Constitución es la norma fundamental cuyo rol es regular y limitar el poder político y proteger los derechos fundamentales o humanos.

Entonces, una nueva Constitución implicaría un cambio importante al ser un reflejo del acuerdo de la comunidad actual en materia de derechos y valores. En ese marco, la abogada destaca que “el acuerdo político que permitió el inicio del proceso constituyente tuvo como detonante el descontento social y la mejora de las condiciones de vida digna (pensiones, salud, vivienda, educación, etc.) Todos son derechos fundamentales que son consagrados en la Constitución, por lo que tiene relevancia cómo quedarán en ella”.

Estos son derechos fundamentales, específicamente, derechos sociales (seguridad social, salud, vivienda, alimentación) y civiles (igualdad) y para la académica de Derecho lo que tiene que discutirse en la Convención Constitucional es el contenido de esos derechos.

“Por ejemplo, la protección a la salud está en el art. 19 Nº 9 de la Carta Fundamental, pero el contenido de ese derecho no es conforme a los estándares internacionales, que se condicen con las obligaciones que Chile tiene en materia de derechos humanos. La actual consagración de la salud no está establecida como un derecho, sino que se enfoca en la parte libertaria del mismo, la posibilidad de elegir el sistema de salud”, indica Sandoval.

Apoyo transversal e impulso de las organizaciones

Esas demandas sociales han tenido apoyo transversal de distintas organizaciones de la sociedad civil, las que han levantado por larga data la urgencia de tomar medidas estatales en esos y otros puntos.

Por ejemplo, las organizaciones feministas comenzaron a levantar dichos puntos en sus movilizaciones desde el 2018, los que han mantenido y aumentado en petitorio debido a nuevas urgencias sociales. Un impulso colectivo que condujo a la paridad en el propio proceso constituyente y que ahora estará compuesta por el 50% de representación.

Para la historiadora y académica de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales UNAB, Javiera Errázuriz, hoy en día han sido las organizaciones feministas las que han visibilizado y llevado adelante la discusión en torno a distintos temas que afectan a las mujeres como la desigualdad salarial, el reparto en las tareas de cuidados y los derechos reproductivos.

Errázuriz señala que, si bien la paridad en la construcción de la carta magna es significativa, no debiese quedar solo en la Constitución, sino en todos los poderes del Estado. “La incorporación de la perspectiva de género es clave para hacer avanzar, no sólo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. La paridad no es un asunto de mujeres para mujeres, sino que implica incorporar nuevas miradas y enfoques al análisis, de las cuales saldrán también nuevas soluciones”, dice.

A lo largo de la historia de Chile, las mujeres han sido clave en muchos avances sociales e igualdad de género. Errázuriz destaca a las mujeres del Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile (Memch), quienes redactaron un proyecto sobre el sufragio femenino que se aprobaría, con modificaciones, en 1949.

¿Puede nacer un nuevo estallido social de no cumplirse las expectativas?

A pesar de la pandemia, las demandas se mantienen y profundizan, aumentando la tensión entre los candidatos que defenderán parte de la actual Constitución y quienes buscan partir desde una hoja en blanco. Proyectar esas discusiones ya en el proceso de construcción abre la puerta a que el resultado no llene las expectativas del 78% que votó por el apruebo el 25 de octubre.

Según el sociólogo y director del Doctorado en Teoría Crítica (Tecsa) de UNAB, Mauro Basaure, una vez pasadas las votaciones, y a pasos de las primeras conversaciones, el problema está en que posiblemente estas comisiones se constituyan con muchas personas que defiendan la constitución previa del ‘80.

“Eso también podría prever que finalmente se genere la sensación de que el proceso sea un mero remozamiento. Si queda la impresión de que finalmente todo esto se hizo para llegar al mismo punto al nivel de contenido, aunque el proceso va a ser distinto sin duda, entonces hay un potencial de decepción”, agrega.

Otro punto de posible descontento tiene relación a lo que realmente contiene el documento y su influencia en la construcción sociopolítica. “Una de las posibles decepciones tiene que ver con la temporalidad, la no comprensión de que esto es un cambio en las reglas del juego, no en el juego mismo en lo inmediato, y que el cambio mismo se esperaría para un tiempo más”, dice Basaure.

Así y todo, el experto piensa que no es concebible que se repita una movilización como la originada el 18 de octubre. Eso porque al término de la pandemia, las personas retomarán sus relaciones sociales, lo que puede acaparar toda la atención. “La pandemia va a llevar a revincularse con el mundo y el proceso constituyente va a mantener la tensión a través de los medios”, señala.

Por su parte, Gonzalo Valdés, director ejecutivo del Centro de Políticas Públicas (CPP) UNAB, coincide con Basaure en cuanto a posibles movilizaciones y proyecta que, en caso de que las demandas más urgentes no sean resueltas, se generaría “una enorme molestia hacia la clase política. Sin embargo, no creo que los ánimos estén dados para un nuevo estallido social, sino más bien podría crecer la demanda por líderes carismático-populistas”.

Por ello, Valdés recalca que el rol del gobierno y la clase política es lo importante para complementar los cambios. “Las demandas más sentidas de los chilenos son políticas y requieren cambios en la ley y no en la Constitución. En ese sentido, los parlamentarios y el gobierno tienen las atribuciones necesarias para solucionar los problemas de la mayoría de los chilenos”, destaca.

 

*Crédito de foto principal: Diego Correa en Flickr

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