Diario UNAB | Paridad: la participación de la mujer para profundizar la democracia
El retorno a la democracia no significó un progreso en la representación femenina parlamentaria al comparar esos cupos con la cantidad de mujeres votantes en el país. Una puerta se abre con la posibilidad de una nueva Constitución, que sea redactada por una comisión paritaria que incluya en su construcción el enfoque de género.
Cuando en 1949 los parlamentarios debatían en torno al sufragio femenino ampliado, el argumento principal era calidad de la democracia vinculada a la participación de las mujeres en la ciudadanía política. Por estos días, la búsqueda de la paridad en los estamentos estatales es el reflejo de la democracia que se quiere construir. La académica de Historia de la Universidad Andrés Bello, Javiera Errázuriz, realizó una revisión de la historia nacional y profundizó en la necesidad de equiparar la representatividad.
Desde la aprobación del sufragio femenino en 1949, la participación de las mujeres en las distintas elecciones ha ido en aumento sostenido. En la elección presidencial de 1952, la primera en la que pudieron participar, las mujeres representaron el 32,3% de los votos válidamente emitidos. En la elección de 1964, ya representaban el 44,1% y en la de 1970, el 48,8%, según la información que entrega la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN)
A partir del retorno a la democracia, tanto en las elecciones presidenciales como en las parlamentarias, la participación electoral de la mujer bordea el 52%, así indican los datos del Servicio Electoral (Servel). Es decir, del total de sufragios válidamente emitidos, más de la mitad corresponde al sufragio de una mujer. Estos datos no debiesen llamar nuestra atención, toda vez que se corresponden con la distribución de la población por sexo, en nuestro país.
Para Errázuriz, sin embargo, si comparamos estos datos con la representación efectiva de las mujeres en el Parlamento, debiesen sonar todas las alarmas. Desde 1949, cuando las mujeres pudieron elegir y ser elegidas para cargos parlamentarios, el porcentaje de senadoras y diputadas ha aumentado muy lentamente, y, recién en la elección de 2017 superó el 20%.
En el periodo 1953-1961, la representación femenina en el Senado era nula y en la Cámara de Diputados llegó al 2%. El período 61-73 muestra un pequeño aumento, con alrededor de un 4% de mujeres en el Senado y un 5,5% de mujeres en la Cámara de Diputados.
Contrario a lo que pudiera pensarse, el retorno a la democracia no supuso un progreso importante en la representación femenina en el Parlamento, la cual bordeó el 5,2% en el Senado y el 7,7% en la Cámara de Diputados, en el período 1989-2002. En el período 2002- 2010, el número de senadoras es prácticamente el mismo que en el período anterior (5,3%), pero sí se aprecia un aumento de 6 puntos porcentuales de mujeres electas para la Cámara, llegando a ser el 13,75% del total de diputados.
“Si ponemos estos datos en perspectiva histórica, podremos ver que el avance en cuanto a la participación femenina en el Congreso Nacional ha sido extremadamente lento, en particular en el Senado. Pensemos que hay sólo 1,3 puntos porcentuales de diferencia entre la cantidad de senadoras en el período 1961-1973 que en el período 2002-2010”, señala la académica.
Errázuriz detalla que a partir del 2010 es posible apreciar un incremento importante en la cantidad de mujeres electas para el Congreso Nacional, y en particular en el Senado. En el período 2010-2018, el número de senadoras quiebra la barrera del 10% y se sitúa en el 14,5%, mientras que, en la Cámara, las diputadas electas alcanzan el 15%, según indican los datos entregados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el período 2018-2022, las senadoras llegan al 23,3% y las diputadas al 22,6%.
¿Cómo podemos explicar la enorme lentitud con la que avanza la participación femenina en el Congreso a partir de 1949, y la aceleración a partir de 2010?
Son muchos los factores que intervienen, pero el más importante, a mi juicio, ha sido el discurso y la acción del movimiento feminista, porque ha visibilizado los múltiples problemas que afectan a las mujeres, entre ellos su baja participación en cargos de representación popular. Asimismo, ha llamado la atención sobre la imperiosa necesidad de que nuestra vida política, económica y social se piense con perspectiva de género. A partir de esto, por ejemplo, surge la ley de cuotas de género que permitió que en las elecciones de 2017 llegaran más mujeres al parlamento.
¿Por qué es importante esa perspectiva y representatividad?
La incorporación de la perspectiva de género en las leyes y en las políticas públicas es clave para avanzar en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y la pandemia de Covid-19 no ha hecho más que corroborar esto. Por ejemplo, la tasa de participación laboral femenina descendió del 52% al 47,2 % entre febrero y abril del 2020. Hace diez años, la tasa de participación femenina era de 47%, y hoy estamos en la misma cifra. Por eso se necesitan leyes y políticas públicas con perspectiva de género. El 25 de octubre los chilenos nos enfrentaremos a un punto de inflexión en nuestra historia política y social, cuando vayamos a votar si queremos o no una nueva Constitución. Esta decisión está indisolublemente ligada con el tipo de democracia que queremos para nuestro país, y, en este sentido, la paridad es indispensable.
¿Entonces si no hay representatividad la democracia sigue siendo a la chilena?
Cuando en 1949 los parlamentarios debatían en torno al proyecto de sufragio femenino ampliado, el argumento principal de la discusión giraba en torno a la calidad de la democracia. «El derecho a sufragio en Chile ha sido ejercido en 1945 solo por 419.930 votantes que representan el 70% de los inscritos en los registros electorales, y el 8,4% de la población total del país; bases políticas harto estrechas, que urgen ser ampliadas para asegurar la solidez de las instituciones republicanas (…) es indispensable incorporar a la ciudadanía política a la mujer que constituye el 51% de la población chilena”, es lo que indica el Boletín de Sesiones Ordinarias del Senado, del 20 de junio de 1945.
Este mismo argumento podríamos utilizar ahora. Si las mujeres son el 51% de la población, según el Censo de 2017, y el 52% de los votantes, parece de toda justicia que la nueva Constitución sea redactada por una comisión paritaria, que incluya el enfoque de género y, así, genere unas nuevas reglas de juego que mejoren y profundicen nuestra democracia.