DF Tax | Columna Roberto Carvajal: La postergada obligación tributaria que podría fomentar más informalidad

Roberto Carvajal, director de la Escuela de Contador Auditor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, abordó la entrada en vigor la obligación para las entidades, tanto fiscales como privadas, de exigir el inicio formal de actividades a quienes desarrollan una actividad económica.

Roberto Carvajal.

En una columna publicada por DF Tax, el director de la Escuela de Contador Auditor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Roberto Carvajal, analizó la postergada puesta en marcha de la norma de la Ley de Cumplimiento Tributario que obliga a las entidades, tanto fiscales como privadas, a exigir el inicio formal de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) a quienes desarrollan una actividad económica.

Entrada en vigencia en enero de 2026

Según recordó el académico, la entrada en vigencia de esta obligación estaba prevista inicialmente para julio de 2025, después para octubre de 2025 y ahora, para enero de 2026.

«Este retraso no deja de llamar la atención y lleva a preguntarse si es por falta de implementación o porque las entidades obligadas han realizado reparos», planteó Roberto Carvajal en su artículo.

Desafíos para su implementación

En ese contexto, enumeró una serie de desafíos que genera la implementación, entre ellos, la carga administrativa adicional para algunas entidades, la dificultad de verificación para confirmar si una persona o entidad inició o no actividades, y restricciones para pequeños emprendedores.

Con respecto a esto último, el director de la Escuela de Contador Auditor explicó que los pequeños emprendedores «podrían encontrar mayores barreras de entrada al sistema formal», lo que a su vez, «podría desincentivar la formalización».

Contra el objetivo de la ley

A estos retos sumó el riesgo de duplicidad de obligaciones, inequidad en la aplicación de la exigencia, problemas legales e impacto en la informalidad, ya que «si este proceso se percibe como control excesivo, algunas actividades económicas podrían mantenerse en la informalidad para evitar cumplir con la exigencia». «Esto iría contra el objetivo de la ley, que busca mayor cumplimiento y fiscalización», enfatizó.

«El combate a la evasión es un objetivo legítimo y necesario, pero su implementación requiere procedimientos simples, sistemas tecnológicos eficientes y un enfoque proporcional, que no termine desincentivando la formalización ni afectando la igualdad de trato entre contribuyentes», concluyó el especialista.

Puedes leer la columna completa aquí.