Destacados académicos de Derecho revisaron jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia penal y procesal

Con el objetivo de reflexionar y discutir sobre algunos de los aspectos más relevantes y problemáticos de las líneas jurisprudenciales del Tribunal Constitucional (TC), la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB) reunió a destacados académicos para analizar el rol de esta magistratura en materia procesal y procesal penal.

El conversatorio “El Derecho Penal y Procesal Penal en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” contó con la participación de Miguel Ángel Fernández, actual ministro del TC; el Dr. Carlos del Río, decano de Derecho UNAB; Tatiana Vargas, académica de la Universidad de Los Andres; y José Ángel Fernández,  académico de la Universidad Austral de Chile.

El Dr. del Río destacó la convocatoria de esta iniciativa, que “concitó vivo interés en nuestra comunidad y además en distintos profesionales destacados y especialistas en derecho penal, procesal penal y justicia constitucional”. Asimismo, aseguró que:

 “Con actividades como esta, la Facultad se pone en un lugar preponderante en el escenario del debate jurídico chileno, como un centro académico y de difusión del conocimiento jurídico de alta calidad, y con capacidad de convocatoria en los círculos jurídicos especializados”.

Al respecto, el ministro Fernández agradeció el desarrollo de este conversatorio, ya que se genera una instancia en la que es posible profundizar en estas temáticas con académicos del área: “Este intercambio entre la academia y la judicatura es sumamente relevante”.

Jurisprudencia del TC

En el encuentro, organizado por el Área de derecho procesal en conjunto con Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal UNAB, los especialistas en la materia analizaron de manera crítica cómo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido modelando la normativa del sistema penal.

El profesor José Ángel Fernández presentó la ponencia “Bases para una reconstrucción estructural de los principios penales en el ámbito del control de constitucionalidad”, basada en investigaciones realizadas a partir de dos proyectos Fondecyt.

En su exposición se refirió al rol del TC, su uso como herramienta política, el lenguaje que se utiliza a la hora de litigar en esta instancia, así como la importancia de darle una dimensión institucional a los principios.

Puso como ejemplo de una acción que terminó siendo estudiada como un caso de “categoría sospechosa”, definición que se usa cuando la defensa de los principios y derechos fundamentales se utiliza con otros propósitos, el caso de las cárceles en EE.UU donde se separó a los presos por raza para evitar las muertes por asesinatos raciales. Esta división nació de una necesidad imperiosa, que era evitar más muertes, pero la segregación dio paso a cuestionamientos de la medida, pues suponía tener cárceles para blancos y para afroamericanos.

Por su parte, la profesora del Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal, Tatiana Vargas, expuso la ponencia “El principio de culpabilidad y las exigencias de imputación subjetiva en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de la última década (2013-2023)”.

Durante su participación se refirió especialmente a la Ley Emilia y al agravamiento de las penas en caso de abandono con resultado de muerte, así como al “suicidio femicida”. Sobre este último, explicó que suponer la nula autonomía de una persona puede ser “conflictivo” dado que el suicidio es, por definición, una decisión propia.

Para continuar con la discusión, el decano de Derecho UNAB, Dr. del Río, presentó la ponencia “El problema de la acción penal particular ante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, donde abordó el conflicto entre la decisión de no perseverar en la persecución penal por parte del Ministerio Público y el deseo de las víctimas de continuar con el proceso penal.

Las posiciones encontradas del Ministerio y de la víctima-querellante en el proceso penal, en relación con la potestad del primero en orden a no perseverar en la persecución penal, tiene un marco y condicionamiento normativo de rango constitucional que no se puede desatender, como es el derecho a la acción que se le reconoce al ofendido por el delito. Vale decir, el derecho que tiene este a intervenir como parte en el proceso penal y en su caso a formular una pretensión penal acusatorio, lo cual no puede ser cancelado por una decisión de carácter administrativa, discrecional y no sujeta a control jurisdiccional alguno.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del ministro del TC, Miguel Ángel Fernández, quien realizó la ponencia “Principales Lineamientos de la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia penal y procesal penal”.

En ministro Fernández hizo una presentación general de la evolución jurisprudencial en materia penal y procesal penal, y los principales criterios que ha seguido el Tribunal Constitucional en estas materias.