Derecho UNAB realizó jornada de dos días para revisar alcances y discutir desafíos de la justicia penal en Chile

La Facultad de Derecho y el Instituto UNAB de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (UNAB) reunieron a especialistas nacionales y extranjeros para analizar la experiencia acumulada por el sistema de justicia penal chileno y los desafíos que enfrenta tras más de dos décadas desde la implementación de la Reforma Procesal Penal. El encuentro se desarrolló durante dos jornadas, combinando una mirada académica con la experiencia de quienes participan directamente en el funcionamiento de las instituciones del sistema.

El día jueves 10 de septiembre, en el auditorio del Campus Bellavista de UNAB, se realizó un conversatorio moderado por el director del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, enfocado en los desafíos actuales de la justicia penal. Esta actividad reunió a representantes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, Miguel Ángel Orellana; la defensora nacional de la Defensoría Penal Pública, Verónica Encina; y el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Valderrama, compartieron sus perspectivas sobre las transformaciones que ha experimentado el sistema y las respuestas que se requieren frente a las nuevas formas de criminalidad y las crecientes demandas de la ciudadanía.

La conversación tuvo como punto de partida la necesidad de evaluar el funcionamiento del sistema de justicia después de más de dos décadas de implementación de la reforma, considerando tanto sus avances como aquellas prácticas e instituciones que requieren ajustes. Para la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Lorena Recabarren, esta reflexión tiene una dimensión que trasciende lo estrictamente jurídico, debido al vínculo entre el funcionamiento de la justicia y la democracia.

En este sentido, destacó que “el funcionamiento del sistema de justicia de un Estado, y creo que en particular el funcionamiento del sistema de justicia penal, se constituye en un atributo fundamental de la democracia, a través del acceso a la justicia”.

Nuevos desafíos para un sistema de transformación

Desde el Poder Ejecutivo, el ministro Fernando Rabat abordó los desafíos que plantea la evolución del crimen organizado y otras formas de criminalidad, junto con las transformaciones que requiere la institucionalidad para responder a este escenario. Su exposición incluyó materias vinculadas con la modernización del sistema de justicia, el fortalecimiento de las herramientas de persecución penal, el sistema penitenciario y el acceso a la justicia.

En este último ámbito, destacó la importancia de avanzar hacia una justicia que no solo garantice el acceso, sino que también entregue respuestas oportunas. “El acceso a la justicia tiene distintas miradas o distintas formas de enfoque y uno de ellos sin lugar a duda es una justicia eficaz y una justicia eficaz requiere que sea pronta”, planteó.

Una de las dimensiones centrales de la discusión fue precisamente la capacidad de las instituciones para responder de manera coordinada frente a fenómenos criminales que han adquirido mayor complejidad y, en algunos casos, un carácter transregional. En esta línea, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y alumni de la Facultad de Derecho UNAB, Miguel Ángel Orellana, abordó los desafíos que implica fortalecer la persecución de organizaciones criminales que operan más allá de los límites de una determinada región, así como la necesidad de incorporar herramientas de investigación financiera y tecnológica.

La creación y puesta en funcionamiento de la Fiscalía Supraterritorial representa, en este contexto, una de las transformaciones institucionales que buscan adaptar la persecución penal a nuevas formas de criminalidad. Durante su exposición, Orellana explicó que el Ministerio Público ha debido ampliar su mirada desde investigaciones centradas en casos individuales hacia una comprensión más amplia de las estructuras y fenómenos criminales.

“Lo que nos ocurre a nosotros hoy es que tuvimos que salir de caso a caso e ir al fenómeno y encargarnos de estructuras criminales que superaron la situación de la causa en particular”, señaló.

El fiscal también destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones vinculadas a la persecución del delito, considerando que las organizaciones criminales pueden operar simultáneamente en distintas regiones y utilizar herramientas financieras y tecnológicas que trascienden las fronteras territoriales.

La defensa como garantía de legitimidad

La perspectiva de la defensa permitió incorporar otra dimensión fundamental a esta discusión. La defensora nacional de la Defensoría Penal Pública, Verónica Encina, relevó el papel de la defensa como componente esencial del debido proceso y de la legitimidad del sistema de justicia.

“Sin defensa no hay justicia”, afirmó, al explicar que el derecho a defensa constituye una garantía fundamental del debido proceso y que su existencia resulta indispensable para la legitimidad de las decisiones judiciales.

Su intervención también abordó los desafíos que enfrenta la institución frente al aumento de la complejidad de los casos, la necesidad de contar con recursos adecuados y la importancia de mantener los equilibrios entre las distintas instituciones que participan del sistema.

En particular, Encina planteó la necesidad de fortalecer la autonomía institucional de la Defensoría Penal Pública y avanzar hacia una mayor simetría presupuestaria con el Ministerio Público, considerando que el aumento de la persecución penal y de la actividad judicial también genera una mayor demanda sobre los servicios de defensa.

Revisar las prácticas para mejorar el funcionamiento del sistema

Por su parte, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Valderrama, centró su análisis en algunas de las prácticas que se han instalado en el funcionamiento cotidiano del sistema y que pueden afectar su eficiencia y las garantías de las personas involucradas en los procesos.

Entre los aspectos abordados estuvo la extensión de determinadas audiencias de formalización, la duración de las investigaciones y los procesos, y la necesidad de fortalecer la gestión de las audiencias y la coordinación entre los distintos actores.

Valderrama planteó que algunas de estas situaciones requieren ser revisadas desde el propio funcionamiento de las instituciones, sin que necesariamente impliquen modificaciones legales. “Creo que esas malas prácticas son las que se deben evitar. Y no necesariamente se deben hacer modificaciones legales. Sino que esto implica voluntad de los intervinientes”, sostuvo.

Más allá de las diferencias propias de cada institución, las exposiciones mostraron la necesidad de observar el sistema de justicia penal como un conjunto, donde las decisiones y prácticas de un actor tienen efectos sobre los demás. La discusión permitió así poner en común distintas perspectivas sobre materias como la gestión de los procesos, la utilización de herramientas tecnológicas, la persecución del crimen organizado, las garantías del debido proceso y la protección de víctimas y personas imputadas.

Una mirada académica sobre el funcionamiento de la justicia

Esta discusión institucional estuvo precedida por una primera jornada de carácter académico y especializado, realizada en el Campus Casona de Las Condes, que reunió a académicos y especialistas nacionales y extranjeros para analizar la experiencia acumulada durante los años de implementación de la reforma procesal penal.

Los participantes y expositores de la jornada inicial fueron Ignacio Castillo Val, director de la unidad especializada en Crimen Organizado del Ministerio Público; Héctor Hernández Basualto, profesor de la Universidad Diego Portales; Manuel Rodríguez Vega, ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, María Inés Horvitz Lennon, profesora de la Universidad de Chile; María Elena Santibáñez Torres, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Carolina Garrido Acevedo, jueza del Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua, Instituto de Estudios Judiciales; Claudio Fierro Morales, profesor Universidad Andrés Bello, Carlos del Río Ferretti, profesor de la Universidad Andrés Bello.

También participaron Agustina Alvarado Urízar, profesora Universidad Andrés Bello; Milton Juica Arancibia, profesor Universidad Andrés Bello; Javiera Farías Soto, académica de la Universidad Andrés Bello; Jamilla Sarkis, profesora Universidad Federal de Minas Gerais y vicepresidenta de la Red Iberoamericana de Abogacía Criminal; Javier de Luca, profesor Universidad de Buenos Aires; Eduardo Gandulfi Ramírez, abogado integrante de la Excelentísima Corte Suprema; Pablo Galain Palermo, académico Universidad Andrés Bello, Alejandro Leiva López, profesor Universidad Andrés Bello; Patricia Pérez Goldberg, vicepresidenta de la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos; y Consuelo Murillo Ávalos, académica de la Universidad Andrés Bello.

La primera jornada permitió abordar algunos de los principales debates asociados al funcionamiento del sistema, entre ellos las herramientas de investigación, los mecanismos de control administrativo y judicial, los derechos de las víctimas, el sistema de recursos, la ejecución penal y penitenciaria, además de experiencias comparadas de países como Brasil y Argentina.

La participación de académicos de distintas instituciones permitió incorporar una mirada de largo plazo sobre la evolución de la justicia penal, complementando la experiencia de quienes se desempeñan directamente en las instituciones que forman parte del sistema.

La decana Lorena Recabarren destacó que esta apertura al diálogo entre la universidad y las instituciones constituye parte de «nuestro compromiso como Universidad, que siempre ha sido mantener un vínculo, una apertura con la sociedad en la que vivimos”, señaló.

En la misma línea, el director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, relevó la necesidad de conectar el conocimiento académico con las decisiones que inciden en el funcionamiento del Estado. “la reflexión académica, el ejercicio de la profesión, tienen que ponerse a disposición también de las incidencias en un propio diseño de política”, sostuvo.

El encuentro buscó precisamente generar ese punto de conexión entre la reflexión académica y la experiencia institucional. Como planteó Figueroa, “esto no pretende ser solo una reflexión académica, sino que es una reflexión académica que tiene que estar al servicio del país y su mejor diseño de política”.

De esta manera, las dos jornadas permitieron combinar el análisis académico con la experiencia de quienes integran las principales instituciones del sistema de justicia penal, poniendo en perspectiva los avances de las últimas décadas y los desafíos que plantea su funcionamiento actual.

La conversación, sin embargo, quedó planteada como un punto de partida. Al cierre del encuentro, Raúl Figueroa invitó a proyectar este diálogo más allá de los dos días de actividades: “quiero no solo agradecer su presencia, sino que invitarlos a que esto no sea una jornada de dos días, sino que sea el inicio de un trabajo sistemático”.