Derecho UNAB realizó conversatorio sobre corrupción y criminalidad institucional

Las dificultades para detectar hechos de corrupción, establecer responsabilidades y obtener sanciones oportunas fueron los principales temas del conversatorio “Corrupción y criminalidad institucional: desafíos para su investigación y sanción”, organizado por el Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.

La actividad, realizada el lunes 26 de octubre en modalidad híbrida, vinculó la reflexión académica con la experiencia profesional de especialistas en persecución penal, cumplimiento e investigación. Participaron Demelsa Benito, académica de Derecho Penal de la Universidad de Deusto; Carlos Gajardo, exfiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente; Marta Herrera, gerenta de Ética y Cumplimiento de Codelco; Rodrigo Álvarez, abogado del Consejo de Defensa del Estado; y Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) UNAB.

En la apertura, el académico de Derecho UNAB Alejandro Leiva destacó la relevancia de examinar un fenómeno que involucra a actores públicos y privados. “La corrupción constituye uno de los desafíos más complejos para los sistemas de justicia penal contemporáneos”, señaló.

El docente explicó que estas conductas “pueden desarrollarse en estructuras organizacionales complejas, involucrar a actores públicos y privados y afectar gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones”. Vinculó estos desafíos con la formación del Magíster, que incorpora materias como Derecho Penal Económico, Defensa Penal Corporativa y delitos contra la Función Pública.

Detección, investigación y recuperación de recursos

La exposición de Demelsa Benito, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, abordó cinco desafíos: el descubrimiento de los hechos, las dificultades de investigación, la recuperación de recursos, los acuerdos de colaboración con la justicia y la situación de las víctimas.

Uno de sus énfasis fue la necesidad de comprender las dinámicas organizacionales que permiten estas conductas. “La corrupción funciona de manera organizada”, afirmó. Desde esa perspectiva, explicó la importancia de contar con herramientas de investigación adecuadas y mecanismos de cooperación internacional, resguardando las garantías del debido proceso.

La académica destacó que fomentar las denuncias exige proteger efectivamente a quienes informan sobre posibles irregularidades. “Estamos hablando de gente que puede arriesgar su empleo, su integridad física, incluso su vida”, advirtió.

A ello sumó la necesidad de recuperar los beneficios económicos obtenidos mediante estos delitos y reconocer sus consecuencias para las personas y comunidades afectadas. Su presentación puso el acento en la certeza y oportunidad de la respuesta penal, planteando que el aumento de las penas resulta insuficiente si persisten obstáculos para investigar y resolver los casos.

Corrupción y control en el sistema penitenciario

Pablo Urquízar presentó una mirada sobre la relación entre corrupción y crimen organizado en las cárceles, a partir del trabajo desarrollado por el OCRIT UNAB. Según explicó, “la corrupción forma parte de la gobernanza criminal, tanto fuera como dentro de las cárceles”.

El académico abordó cómo las organizaciones criminales sostienen mercados ilícitos y establecen relaciones que facilitan su funcionamiento dentro de los recintos penitenciarios. En ese contexto, distinguió los riesgos asociados a la corrupción de las presiones y amenazas que pueden enfrentar los funcionarios.

Asimismo, advirtió sobre la necesidad de contar con registros confiables para orientar las decisiones públicas. “Si la institucionalidad no trabaja con las cifras que son las que están pasando dentro de la cárcel, es un problema mayor”, sostuvo.

Su intervención destacó la importancia de fortalecer la prevención interna, la coordinación institucional y las capacidades para detectar vínculos o presiones asociados a la actividad criminal.

Prevención e incentivos dentro de las organizaciones

Durante el diálogo, Carlos Gajardo relevó la necesidad de examinar las condiciones institucionales que favorecen la corrupción, junto con perseguir las responsabilidades individuales. “El problema parece ser un poquito más complejo”, señaló al cuestionar la idea de que basta con apartar a una persona para resolver las debilidades de una organización.

El exfiscal destacó la transparencia de los conflictos de interés, el seguimiento del dinero y la autonomía de las instituciones investigadoras. También puso el foco en actuar antes de que se cometan los delitos: “Hay una cosa antes, que es mucho más importante que si funcionara, no tendríamos que llegar a la persecución, que es la prevención, la detección”.

Marta Herrera centró su intervención en el ámbito empresarial, donde las exigencias por alcanzar resultados pueden favorecer decisiones contrarias a la integridad. Explicó que “lo que hay muchas veces en contextos empresariales son decisiones de negocios, son presiones, son presiones por atajos”.

Desde esa perspectiva, abordó la importancia de revisar los incentivos internos y las prácticas organizacionales, además de las obligaciones legales. También llamó a traducir los compromisos en acciones concretas: “Suena muy bonito decir que estamos todos contra la corrupción”. A continuación, planteó: “¿De verdad cuánto nos importa? Eso es lo concreto y eso no se ve tan evidente”.

Las dificultades para establecer responsabilidades

Rodrigo Álvarez abordó los obstáculos para individualizar responsabilidades cuando las decisiones se distribuyen dentro de estructuras organizacionales complejas. Explicó que reconstruir las funciones y actuaciones de sus integrantes exige reunir antecedentes que “no siempre es información pública”.

Entre las dificultades mencionó la falta de documentación, las declaraciones contradictorias y los problemas para determinar cómo se adoptaron ciertas decisiones. Al describir las limitaciones que puede enfrentar una investigación, advirtió que en ocasiones “simplemente no hay documentos para hacer una tramitación”.

Su análisis también consideró la extensión de los procesos y las exigencias probatorias, vinculando la posibilidad de obtener una respuesta penal oportuna con las capacidades efectivas para investigar.

El conversatorio permitió conectar estos desafíos con la formación especializada en Derecho Penal y Procesal Penal. La discusión dejó planteada la necesidad de avanzar en prevención, investigación y coordinación institucional, con atención a las condiciones que permiten la corrupción y a sus efectos sobre la confianza pública.