Derecho UNAB analizó los desafíos de la justicia penal ambiental en la Región de Valparaíso
La Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre la eficacia de las sanciones frente a los delitos ambientales, la responsabilidad de las empresas y los desafíos de la legislación chilena.
¿Endurecer las penas es suficiente para combatir los delitos ambientales? ¿Cómo garantizar que las empresas y las instituciones respondan frente a los daños al medioambiente? Estas fueron algunas de las interrogantes abordadas durante la Conferencia Regional del Instituto de Ciencias Penales, realizada en la Universidad Andrés Bello , sede Viña del Mar.
El encuentro, desarrollado en el marco del Ciclo de Conferencias “Germán Echeverría Ramírez”, llevó por título “Justicia penal ambiental: desafíos para la Región de Valparaíso” y fue organizado conjuntamente por la Facultad de Derecho UNAB y el Instituto de Ciencias Penales.
La jornada contó con la participación de Demelsa Benito Sánchez, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Deusto, España, quien dictó la conferencia “El Derecho penal ambiental como laboratorio de la dogmática penal y de la política criminal”.
Durante su exposición, la especialista planteó una de las principales contradicciones que enfrenta esta disciplina: mientras las legislaciones incorporan nuevos delitos y aumentan las sanciones, las conductas que dañan el medioambiente continúan siendo difíciles de investigar, perseguir y castigar.
¿Más penas significan mayor protección ambiental?
Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de establecer límites claros respecto de las conductas que deben ser sancionadas penalmente.
Benito explicó que, aunque el medioambiente es reconocido como un bien jurídico que merece protección propia, no cualquier infracción ambiental debería constituir un delito. En ese sentido, destacó la importancia de distinguir entre incumplimientos administrativos y conductas que provocan daños graves o riesgos significativos.
La académica también abordó las dificultades para determinar responsabilidades cuando el deterioro ambiental es consecuencia de múltiples acciones individuales. Un ejemplo son las pequeñas extracciones de agua que, consideradas en conjunto, pueden afectar gravemente un ecosistema.
En relación con Chile, examinó los desafíos asociados a la Ley N.º 21.595 de 2023, que introdujo modificaciones a la regulación penal de los atentados contra el medioambiente.
La especialista hizo referencia a los análisis de los académicos Jaime Vera y Laura Mayer, quienes han advertido que una legislación excesivamente detallada y dependiente de normas administrativas puede generar dificultades de interpretación y vacíos en su aplicación.
Otro de los ejes de la conferencia fue la responsabilidad penal de las empresas y el papel de las instituciones públicas frente a los delitos ambientales.
Benito destacó la importancia de los programas de cumplimiento ambiental, pero advirtió que estos pueden convertirse en mecanismos meramente formales si no se traducen en medidas efectivas de prevención.
Asimismo, planteó la necesidad de examinar la responsabilidad de las administraciones públicas cuando sus decisiones, autorizaciones u omisiones contribuyen a facilitar daños ambientales.
La expositora también abordó fenómenos como el ecocidio, la obsolescencia programada y el greenwashing, conceptos que han adquirido relevancia en el debate internacional sobre nuevas formas de criminalidad y protección del entorno.
Respecto de las sanciones, sostuvo que aumentar las penas no garantiza necesariamente una mayor eficacia. Según explicó, la capacidad de detectar, investigar y sancionar los delitos puede ser más determinante que la severidad de los castigos.
Finalmente, advirtió sobre la importancia de reconocer a las comunidades afectadas por la contaminación, especialmente aquellas que enfrentan consecuencias en su salud, calidad de vida o medios de subsistencia.
Tras la exposición, se desarrolló un espacio de conversación con Jaime Vera, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e investigador de un proyecto FONDECYT vinculado con esta materia.
A la discusión también se sumó Christian Rojas, académico de la Facultad de Derecho UNAB, quien aportó antecedentes sobre la realidad medioambiental de la Región de Valparaíso y los desafíos jurídicos asociados a su territorio.
Descentralizar el debate sobre justicia ambiental
Uno de los objetivos del encuentro fue promover la discusión jurídica fuera de Santiago, incorporando las particularidades de las distintas regiones del país.
En ese contexto, Agustina Alvarado, coordinadora del área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho UNAB, sede Viña del Mar, destacó el carácter descentralizador de esta iniciativa académica.
Como su nombre lo indica, pretende descentralizar la discusión jurídica de aquello que solamente puede importar en la capital y hacerse cargo de problemas regionales.
La académica explicó que estas instancias permiten conectar la investigación jurídica con las necesidades de cada territorio, además de acercar a los estudiantes a debates especializados sobre materias de creciente relevancia social.
Por su parte, Francisco Quiero, director de la carrera de Derecho UNAB, sede Viña del Mar, valoró el trabajo conjunto con el Instituto de Ciencias Penales y las oportunidades de intercambio académico que genera esta colaboración.
“La posibilidad de que podamos coorganizar actividades de esta naturaleza con el Instituto de Ciencias Penales para nosotros es muy importante, además de reafirmar nuestro compromiso con el mismo para futuras actividades”, indicó.
Desde el Instituto de Ciencias Penales, su presidenta, Laura Mayer, agradeció la disposición de la Universidad Andrés Bello para recibir nuevamente una de sus conferencias regionales.
Asimismo, destacó la continuidad de la colaboración entre ambas instituciones, que ha permitido desarrollar espacios de reflexión sobre distintas materias del Derecho Penal y fortalecer el intercambio entre académicos, profesionales y estudiantes.
La conferencia concluyó con una reflexión sobre uno de los principales desafíos de la legislación ambiental: cómo garantizar una protección efectiva del medioambiente sin renunciar a los principios jurídicos que limitan el poder punitivo del Estado.
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