Derecho UNAB analizó cómo la riqueza influye en la justicia penal

¿La justicia penal trata de la misma manera a todas las personas, independientemente de sus recursos económicos? Esta fue una de las principales interrogantes que marcaron la charla “Plutocracia y delitos económicos: poder, riqueza y responsabilidad penal”, organizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.

La actividad contó con la participación de Demelsa Benito Sánchez, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Deusto, España, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca e investigadora en materias de corrupción en los negocios, criminalización de la pobreza y política criminal basada en la evidencia.

Durante su exposición, la especialista analizó cómo la posición económica de las personas puede influir en el funcionamiento del sistema penal, tanto en las sanciones contempladas para determinados delitos como en las posibilidades de enfrentar o evitar una condena.

¿Justicia para todos?

Uno de los principales ejes de la presentación fue el análisis de dos conceptos: aporofobia penal y plutofilia penal. El primero hace referencia al trato desfavorable hacia las personas en situación de pobreza, mientras que el segundo describe un posible tratamiento más favorable hacia quienes cuentan con mayores recursos económicos.

Desde esta perspectiva, Benito planteó que históricamente el Derecho Penal ha tendido a sancionar con mayor intensidad determinadas conductas asociadas a sectores vulnerables, mientras que las personas económicamente privilegiadas pueden acceder a condiciones más favorables dentro del sistema.

“Tradicionalmente, el derecho penal ha tratado peor a las personas sin recursos. La criminalización de la pobreza ha sido una cosa histórica en el derecho penal y evidente. Y además, lo que percibimos en el momento actual, no solo eso, sino que además el derecho penal trata mejor a quien sí tiene recursos”, señaló Benito.

La académica explicó que estas diferencias pueden manifestarse en el propio diseño de la legislación penal, especialmente al comparar las penas establecidas para distintas conductas y los mecanismos jurídicos disponibles para quienes enfrentan un proceso judicial.

En ese sentido, la exposición invitó a examinar cómo el poder económico puede incidir en la responsabilidad penal y qué desafíos plantea esta situación para el principio de igualdad ante la ley.

Chile y España

La jornada también permitió contrastar experiencias internacionales con la realidad nacional, acercando a los estudiantes a debates contemporáneos sobre criminalidad económica, desigualdad y política penal.

Agustina Alvarado Urízar, coordinadora del área de Derecho Penal de la UNAB, destacó que la participación de la especialista española permitió ampliar la mirada sobre fenómenos criminológicos presentes en distintos sistemas jurídicos.

“El objetivo fundamental es que los estudiantes tomen contacto con otras visiones de situaciones, fenómenos criminológicos que se dan en Chile, pero también en el extranjero, y que desde esta perspectiva entonces tengan a la vista el funcionamiento del modelo español a partir de la visita de la profesora Benito”, indicó Alvarado.

La académica agregó que el intercambio permitió identificar similitudes entre ambos países, así como fortalezas y aspectos susceptibles de mejora en sus respectivas legislaciones.

En esa línea, explicó que la comparación entre los ordenamientos jurídicos chileno y español ofrece oportunidades de aprendizaje recíproco, considerando que ambos sistemas cuentan con experiencias y herramientas que pueden aportar al debate sobre el perfeccionamiento de la justicia penal.

Formación y debate

La actividad también despertó interés entre los estudiantes de Derecho UNAB, quienes tuvieron la oportunidad de profundizar en una temática que vincula el ejercicio profesional con problemas sociales y económicos.

Martina del Carrere, ayudante de Derecho Penal, Parte General, valoró la posibilidad de participar presencialmente en una exposición internacional sobre una materia que, según comentó, no suele abordarse con frecuencia en este tipo de encuentros académicos.

La charla permitió examinar la relación entre riqueza, poder y responsabilidad penal, poniendo sobre la mesa interrogantes sobre la proporcionalidad de las sanciones, las diferencias en el tratamiento de los delitos y las condiciones necesarias para garantizar una aplicación equitativa de la ley.

El encuentro concluyó con un desafío central para el debate jurídico: analizar hasta qué punto las diferencias económicas pueden traducirse en desigualdades ante la justicia y qué herramientas permiten prevenirlas dentro del sistema penal.