DERECHO EN LA NOTICIA | La nueva Constitución y los Derechos Humanos

El domingo 25 de octubre se realizó el plebiscito para conocer si la ciudadanía quería cambiar o no la Constitución actual, ganando la opción Apruebo con un 78,27% de los votos, lo que confirmó el deseo originado del movimiento social iniciado el 18 de octubre de 2019.

Ante esto, ya se ha comenzado a discutir sobre lo que una nueva Carta Magna debería integrar, siendo un punto relevante – sobre todo en el contexto del cumplimiento de un año del estallido social – el relacionado con los Derechos Humanos.

Al respecto conversamos con el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Francisco Bustos, quien recientemente participó en el programa Plaza Perú de la organización Colectiva Justicia en Derechos Humanos donde hablaron de Derechos Humanos y proceso constituyente, capítulo que puede revisarse aquí.

– Ahora que existe la posibilidad de redactar una nueva Constitución, ¿qué derechos básicos deberían estar consagrados en ella? ¿Existen algunos que hoy no estén y deberían estar?

Deben incluirse los derechos económicos sociales y culturales, que forman parte de los Derechos Humanos, avanzar en la protección efectiva del medio ambiente, y establecer garantías respecto de los mismos.

La actual Constitución toma partido por un modelo económico – dejando en una posición secundaria otro tipo de derechos – basado en una cultura interpretativa que entiende que el Estado debe replegarse cuando sea posible, lo que ha generado problemas, incluyendo el deterioro de la educación pública, el desamparo  que generan las pensiones y, quizás lo más grave, la vulneración sistemática de derechos de niños, niñas y adolescentes en el SENAME por delegación a privados (como constató el Comité de Derechos del Niño de N.U.). Respecto de todas esas materias el Estado tiene especiales deberes que hoy no se cumplen.

– En cuanto a los Derechos Humanos y las fuerzas de orden, ¿cómo podríamos avanzar o qué se debería modificar en una nueva Constitución para mejorar en este ámbito?

Hay quienes han trabajado mucho más estos temas. Por ejemplo, siguiendo a la profesora Lucía Dammert, es raro que las constituciones a nivel comparado regulen a las Fuerzas Armadas y la policía con el nivel de detalle que la constitución chilena. Eso fue establecido con la finalidad expresa de evitar o dificultar modificaciones.

Recordemos que éste fue uno de los puntos más complejos y no resueltos desde la transición, el grado de autonomía de que gozan, la falta de supervigilancia del poder civil, que en parte contribuyen a explicar los casos de robos por miles de millones en el Ejército y Carabineros. En cambio, el Presidente Aylwin pudo intervenir a la Policía de Investigaciones nombrando al general en retiro del Ejército y modernizar este cuerpo policial exitosamente.

– A un año del estallido social, ¿cómo evalúas el manejo del gobierno en cuanto a Derechos Humanos, sobre todo por lo ocurrido en las manifestaciones?

Tengo una opinión muy crítica. Existen más de 8.500 denuncias por graves violaciones de Derechos Humanos, incluyendo acusaciones de homicidios, torturas, mutilaciones, violencia sexual, entre otros, y varios informes de organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; de ONGs como Amnesty o Human Rights Watch, y de instituciones públicas como el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Se trata de violaciones generalizadas y sistemáticas de Derechos Humanos. Y en el evento de que las mismas no sean adecuadamente investigadas y sancionadas, y que tampoco se tomen medidas por los superiores civiles y/o policiales para evitar su repetición, se vuelve más plausible la idea de que estamos ante crímenes de derecho internacional. Por esto se debe avanzar en verdad, justicia y reparación a las víctimas.