English version 
DERECHO EN LA NOTICIA | Hacia una nueva Ley Antidiscriminación
El profesor de la Facultad de Derecho UNAB, Daniel Hasson, expuso en la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado en el marco de la discusión del proyecto que pretende modificar y fortalecer la Ley Antidiscriminación.
La comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de la República está actualmente discutiendo el proyecto que modifica y fortalece la Ley Antidiscriminación N°20.609, popularmente conocida como “Ley Zamudio”.
La moción fue ingresada el 3 de julio de 2019 y se encuentra en Primer Trámite Constitucional en el Senado. Esta iniciativa legal busca fortalecer la prevención de la discriminación, además de promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad.
Ante esto, en la jornada del 10 de agosto pasado, fue invitado a exponer, en representación de la Comunidad Judía de Chile y en su calidad de experto en derecho penal, Daniel Hasson, quien además es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello.
Daniel Hasson realizó una intervención que se enfocó en tres puntos: recoger aspectos esenciales sobre el proyecto de ley, la idea de la normativa desde una perspectiva preventiva y, finalmente, sobre la necesidad de integrar una función reactiva.
El docente UNAB señaló que, si bien el proyecto de ley va en la línea correcta, no es suficiente. Por ello planteó la necesidad de incluir definiciones razonables y legítimas en cuanto al principio de igualdad, además de considerar positiva la propuesta de que se contemple una discriminación de tipo directa e indirecta.
Además, enfatizó que es necesario revisar la redacción del inciso tercero del artículo 2 en cuanto a que deja una idea de que hay que ponderar los derechos fundamentales en torno a lo que se establece, más que entender que éstos son principios básicos para la convivencia social.
Asimismo, Daniel Hasson aseguró que le parece correcta la eliminación del inciso tercero del artículo 12 que impone una multa a quien denuncia sin fundamento. “No tiene mucho sentido imponer una regla más gravosa a una persona que denuncie y que no haya contado con todos los antecedentes, sobre todo considerando que esto pudiese provocar estigmatizar aún más a grupos vulnerables y que, por cierto, nuestro ordenamiento jurídico sí contempla lo que son conocidas como las costas judiciales”, dijo.
Función preventiva
El abogado penalista agregó que es importante que la ley pueda cumplir cabalmente su objetivo de prevenir la discriminación y promover y garantizar el principio de igualdad. En ese sentido, recomendó incorporar mecanismos concretos para ejercer facultades de prevención y potenciar una institucionalidad capaz de recoger todas las propuestas.
Hasson indicó que, si bien actualmente contamos con un Ministerio de la Justicia y Derechos Humanos, un Ministerio del Trabajo y Previsión Social, un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y un Instituto Nacional de Derechos Humanos; esto sería un modelo difuso al no haber un órgano central que pueda coordinar, capacitar y apoyar estas iniciativas.
“Debiese existir un órgano capaz de analizar estadísticas, hacer un seguimiento de los casos, lo más relevante es coordinar intersectorialmente para no repetir medidas. Sería positivo contar con un plan estatal, entendiendo que las políticas públicas van cambiando según el gobierno de turno. Es importante entender que esto va un paso más allá y tiene que ver con el Estado y sociedad que queremos construir”, expresó el profesor UNAB.
En conclusión, el abogado planteó que es necesario contar con un organismo autónomo, dotado de mayores facultades, con un marco íntegro y una legislación activa para que logre luchar efectivamente contra la discriminación.
Función reactiva
Daniel Hasson expuso, además, que en la legislación comparada existe un esfuerzo por crear normas que sean antidiscriminatorias como una reacción enérgica de la comunidad internacional para afrontar el germen criminal que emana de las acciones discriminatorias.
“Proponemos como una prioridad proteger a las minorías contra daños materiales y morales derivados de conductas gravemente discriminatorias por el odio por motivos raciales, étnicos, sexuales, religiosos, etc. Es necesaria la superación de prejuicios fuertemente arraigados en nuestra sociedad para lo cual volvemos al punto anterior de que se necesita un foco preventivo que sea capaz de educar”, manifestó.
Pero, enfatizó, también se necesita un enfoque reactivo que sea capaz de extender la esfera de protección contra la discriminación, es decir, ampliar la protección penal tal como lo han hecho países como Uruguay, Brasil, Bolivia, Holanda, Francia, Portugal, España, Alemania, entre otros.
“No es menor decir que se necesita un tipo penal, pero las medidas preventivas han fallado y la sociedad ha incrementado comportamientos discriminatorios violentos e incitaciones al odio contra minorías en todos los grupos que he hecho mención”, agregó Hasson.
Finalmente, el abogado concluyó que “Chile cuenta con las herramientas para tener un liderazgo en materia de erradicación de la discriminación. Somos conscientes que sí se han hecho medidas, tanto en este gobierno como en el anterior, pero éstas no han sido suficientes. El proyecto va en la línea correcta, pero es posible a pensar un poco más en grande y crear un marco antidiscriminatorio que esté a la altura de los tiempos”.
