Crimen organizado en cárceles de Chile: alza de extorsiones y drogas

El crimen organizado ha ampliado su presencia a lo largo del territorio nacional en los últimos años. Pero este avance no solo es palpable con el aumento de delitos violentos en los barrios y en la vía pública, también se ha traducido en la expansión de las redes criminales al interior de los recintos penitenciarios y hacia el exterior de los mismos.

Así lo confirma un nuevo informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello que caracterizó el fenómeno del control territorial al interior de las cárceles del país. A partir de datos proporcionados por Gendarmería de Chile -es decir, situaciones delictuales efectivamente denunciadas-, el estudio midió la evolución de seis delitos intramuros -homicidios, agresiones, amenazas, extorsiones, incautaciones de droga y sobornos- durante el período comprendido entre los años 2015 y 2024, desagregándolos por región, centro penitenciario y año de ocurrencia.

Alzas y caídas en los delitos

En términos generales, el documento elaborado por el OCRIT UNAB reveló que se identificaron tendencias diferenciadas en la evolución de las seis categorías delictuales estudiadas, lo que configura patrones donde la violencia física, la corrupción y el control de economías ilícitas se interrelacionan.

Por ejemplo, la prevalencia de homicidios al interior recintos penitenciarios a nivel nacional muestra una tendencia oscilante entre 2015 y 2024, con un peak en el año 2020 (61 homicidios), fecha desde la cual comienzan a descender, alcanzando la cifra más baja en 2022 con 29 casos. Con todo, a nivel nacional se registraron 464 homicidios entre 2015 y 2024, pasando de 56 en 2015 a 48 en 2024, lo que representa una caída de -14% en el período.

Al observar los datos a nivel regional, el informe de la Universidad Andrés Bello consignó que el 40,1% de los homicidios intramuros en el período se materializaron en la Región Metropolitana, seguido de la Región de Valparaíso (10,6 %), Los Ríos (6,5 %) y Coquimbo (6,0 %). A nivel penitenciario, el C.C.P. de Colina II concentró el 17% de los homicidios registrados a nivel nacional, casi duplicando al C.D.P. de Santiago Sur (9,7%), segundo en la lista.

El segundo delito analizado fueron las incautaciones de droga. Entre 2015 y 2024 se registraron un total de 33.012 confiscaciones en recintos penitenciarios chilenos, situación que reflejaría una tendencia creciente y sostenida en la circulación de sustancias ilícitas dentro de las cárceles. Así, se pasó de 463 incautaciones en 2015 a 6.040 en 2024, lo que implica un aumento de un 1.205% en la década. A nivel territorial, la Región Metropolitana concentró 7.518 incautaciones, equivalente al 22,8 % del total nacional, seguida por Biobío (3.598 casos), Valparaíso (3.248) y Tarapacá (2.310). Por otro lado, al analizar a nivel de recinto, el C.P. Alto Hospicio encabeza el listado de confiscaciones con un 6,07% del total nacional, seguido por el C.C.P. de Colina II (5,67%) y el C.P. de Valparaíso (5,16%).

Otro ilícito estudiado fueron las agresiones. En el período analizado se registraron un total de 52.090, comenzando con 4.119 en 2014 y finalizando con 5.821 en 2024, lo que representa un aumento de un 41% en la década. Sin embargo, las cifras mostraron un comportamiento desigual según la región: las alzas más significativas se concentran en zonas que históricamente registraban baja incidencia, como la Región de Aysén (+233%), Magallanes y Antártica Chilena (+193%), La Araucanía (+159%), Los Lagos (+160%) y Ñuble (+141%), mientras que algunas experimentaron reducciones relevantes, como Valparaíso (-30%), Los Ríos (-19%) y Coquimbo (-11%). En tanto, dentro de los recintos penitenciarios, el C.P. de Rancagua lidera la lista con un 7% del total nacional de agresiones, seguido por el C.D.P. Santiago I (6,5%) y el C.P. de La Serena (6%).

Las amenazas, por su parte, han experimentado un aumento sostenido en el rango temporal de estudio, pasando de 62 casos en 2015 a 235 en 2024, es decir, un alza de un 279%. En términos absolutos, la Región Metropolitana concentra la mayor cantidad acumulada de casos (529), seguida por Maule (163) y La Araucanía (152), mientras que las alzas más significativas fueron en las regiones de Arica y Parinacota (+1.600%), La Araucanía (+1.050%), Magallanes y Antártica Chilena (+600%), Los Lagos (+500%) y Aysén (+500). Por su parte, el C.P.F. de San Miguel alcanza el 12,3% del total nacional de amenazas en el período, seguido del C.P.F. de Santiago con un 8,7% y el C.P.F. de Talca con un 5,5%, demostrando que, en este tipo de delito, los centros femeninos presentan un peso considerable.

El informe del OCRIT UNAB consignó que las extorsiones mostraron un crecimiento sostenido en las cárceles chilenas en la última década, pasando de 2 casos en 2015 a un máximo histórico de 104 en 2024 y acumulando 353 en la década, lo que representa un aumento del 5.100%. En términos absolutos, la Región Metropolitana reúne la mayor cantidad de estos incidentes en el período (104), seguida por Antofagasta (58) y Coquimbo (32), mientras que las regiones que presentan incrementos porcentuales más elevados -debido a que partieron de cifras prácticamente nulas- fueron Ñuble (+1.100%), Atacama (+1.000%) y Coquimbo (+800%). A nivel de centros, las extorsiones se concentran en el C.D.P. Santiago I, que acumula el 21,2% del total nacional, seguido por el C.C.P. de Antofagasta, con un 9,6%.

Por el contrario, el informe detectó que los casos de sobornos en cárceles chilenas han mostrado una tendencia general a la baja entre 2015 y 2024, pasando desde 35 a 18 en ese período, lo que representa una disminución del 49%. En términos absolutos, la Región Metropolitana lidera con 81 casos acumulados, seguida por Antofagasta (38) y Valparaíso (21). Sin embargo, varias regiones muestran caídas significativas, como Arica y Parinacota, Atacama, Coquimbo, La Araucanía y Magallanes, que registran reducciones del 100%, es decir, en 2024 no presentaron ningún caso reportado. En tanto, los sobornos durante el período 2015–2024 se concentran principalmente en el C.C.P. de Colina II y el C.C.P. de Antofagasta, ambos con un 7,2% del total nacional, seguido del C.P. de Puerto Montt con un 6,9%.

Desafíos y conclusiones

El informe “Radiografía del control territorial de las cárceles en Chile 2015-2024” del OCRIT UNAB puntualizó los principales desafíos para la institucionalidad penitenciaria nacional frente la presencia del crimen organizado en su interior.

En primera instancia, el estudio evidencia la necesidad de modernizar la gestión penitenciaria e implementar estrategias de inteligencia que permitan identificar, aislar y desarticular a las organizaciones, con el fin de recuperar el control y desarticular las estructuras criminales internas. Asimismo, el documento puntualiza la importancia de robustecer los sistemas de control interno, con auditorías permanentes, rotación estratégica de personal y fortalecimiento de la contrainteligencia para evitar o reducir la corrupción y los sobornos intramuros.

Reforzar los procedimientos de inspección y la tecnología de detección para combatir el ingreso de drogas y bienes prohibidos también se especifica como una tarea que debiera abordar la institucionalidad encargada. Por su parte, surge la necesidad de prevenir la violencia interpersonal y las agresiones, con un abordaje específico en el caso de las amenazas en centros penitenciarios femeninos, como el caso de San Miguel y Santiago.

Asimismo, y a raíz de la conexión entre los delitos cometidos dentro de las cárceles y las redes criminales externas, se pone de manifiesto -según el reporte- la urgencia de integrar las políticas penitenciarias con las estrategias de seguridad pública nacional.

De esta manera, el estudio de la Universidad Andrés Bello constata que el crimen organizado dentro de las cárceles no ha surgido de forma espontánea, sino que responde a la lógica de expansión, consolidación y continuidad del poder criminal en condiciones de encierro. Asimismo, el reporte concluye que las organizaciones delictivas que ingresan a los recintos penitenciarios no solo buscan sobrevivir dentro de ellos, sino que también fortalecer su estructura interna, establecer relaciones estratégicas y mantener el control sobre sus operaciones ilícitas, tanto dentro como fuera del recinto.

Ante estos hallazgos, Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la UNAB concluye que “las cárceles en Chile dejaron de ser solo espacios de encierro: se han transformado en complejos territorios en disputa donde el narcotráfico, la violencia y la corrupción refuerzan lógicas de poder criminal. Entre 2015 y 2024, los homicidios intramuros sumaron 464 casos, las amenazas crecieron un 279%, las extorsiones un 5.100% y las incautaciones de droga escalaron un 1.205%, con más de 33 mil decomisos en la última década. Más que incidentes aislados, estos datos evidencian estructuras que pretenden imponer gobernanza paralela y desafían directamente la autoridad del Estado”.