Comité Asesor UNAB se reunió para conocer los avances en la implementación del Modelo Integral contra el Acoso Sexual, la Violencia y Discriminación de Género en la institución
La instancia logró identificar nuevas oportunidades de mejoras, lo que permitirá seguir construyendo en conjunto una mejor comunidad.
Con el objetivo de dar cumplimiento adecuar su normativa interna a la Ley N° 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, UNAB en 2022 realizó un proceso participativo – con docentes, alumnos y colaboradores-, para la actualización de su política y protocolo sobre dichos aspectos y así avanzar en conjunto en la construcción de una mejor comunidad. En esa línea, y con fin de evaluar sus avances y cumplimiento, según lo ordenado en la misma Ley, en junio de este año se reunió el Comité Asesor institucional creado para estos efectos, el cual fue informado por las unidades a cargo de las acciones desarrolladas en tales materias.
Junto a ello, se presentaron y analizaron las experiencias en la puesta en marcha e implementación de esta normativa, evidenciándose así, oportunidades de avances y mejoras en el Protocolo Integral contra el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género.
Sobre el desarrollo de esta instancia de evaluación, el director general de Vinculación con el Medio UNAB, Héctor Hidalgo sostuvo que “es tremendamente relevante que el comité se haya reunido para analizar los avances de la implementación de nuestra normativa en la materia, así como identificar nuevas oportunidades de mejoras, teniendo a la mano tanto los resultados como el análisis del proceso en general llevado a cabo hasta la fecha”.
A su vez, la integrante del Comité Paritario y directora de la carrera de Trabajo Social, UNAB, sede Concepción, Roxana Zuleta, señaló que “en Universidad Andrés Bello, tener este espacio de trabajo sistemático y participativo, nos ha permitido como Comité Asesor, desarrollar un enriquecedor proceso de diseño y evaluación de la implementación de la ley que regula el acoso sexual, la violencia y discriminación de género en la educación superior. Un avance que va en línea con los valores institucionales, y contribuye a la promoción y resguardo de comunidades educativas basadas en el pluralismo y el respeto por las personas, como fundantes ético-valóricos de toda formación humana y profesional”.