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12 Enero 2026
Columna La Segunda | Política de calidad normativa
La investigadora del Instituto UNAB de Políticas Públicas propone una nueva alternativa para velar por la calidad normativa del Estado.
Los relatos sobre los efectos negativos de la permisología y las exigencias absurdas para obtener autorizaciones se han convertido en monsergas estériles. No se observan cambios sustantivos en los requerimientos de los órganos de Administración.
Se espera que la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS) sea un aporte crucial en la sistematización de este universo y en la reducción de los tiempos de tramitación. Entre los elementos destacables de esta ley están digitalización de los procedimientos, trazabilidad, estandarización de formularios e integración de sistemas.
Habrá que esperar para ver si cumple con sus objetivos, ya que su entrada en vigencia depende de la dictación de una serie de reglamentos. Estamos ante una tarea compleja pues regula 380 permisos y modifica 37 leyes.
Con todo, hace falta una mirada general para terminar con la creciente dispersión normativa. Si no se racionalizan las leyes y regulaciones en un marco coherente, los esfuerzos serán insuficientes. La carencia de una perspectiva integral se da en muchas áreas.
Por ejemplo, mientras se tramitaba la LMAS se aprobó la ley sobre Agilización de Permisos de la Construcción, sin preocupación por su compatibilidad. Tampoco se delimitaron de modo preciso las funciones de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales para evitar eventuales superposiciones con las que el proyecto de la Agencia de la Calidad para las Políticas Públicas le entrega a este órgano en materias normativas.
Para lograr un sistema coherente y fluido, se propone replicar el modelo de los informes financieros de la Dipres. Así, cada proyecto de ley del Ejecutivo se debería acompañar de un informe de calidad normativa que tenga en consideración el mapa regulatorio completo.
Este informe se discutiría en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de cada cámara del Congreso. Así, la calidad técnica de la legislación se convertiría en un tema visible y discutido, en lugar de permanecer en la sombra de los equipos ministeriales.
De esta forma, la protección de los intereses sectoriales y bienes públicos se realizaría mediante regulaciones que aporten certezas y calidad. También se requiere revisar el stock normativo vigente y derogar lo obsoleto.
Un esquema de esta naturaleza permitiría dimensionar la carga que cada nueva ley o reglamento impone a los regulados, con lo que se podría implementar la regla de compensación, conocida como “one in-one out”, que establece que por cada nueva carga se debe eliminar otra.
Países desarrollados aplican y promueven una política de mejora de la calidad normativa desde el Estado. En Chile, la necesidad de una política de esta naturaleza es evidente. No se trata de un simple progreso técnico, sino de una condición de la modernización del Estado para que sea capaz de legislar y servir mejor.
