Columna de Trinidad Valdés: 7 claves para entender la nueva LMAS

Este lunes 29 de septiembre, se publicó la ley 21.770, Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, identificada coloquialmente como la “Ley de permisología”, que promete ser un gran avance para la obtención de permisos para realizar proyectos y actividades reguladas.  Se espera que con esta ley los tiempos de tramitación de autorizaciones sectoriales se reduzcan entre un 30 y un 70%, y los proyectos definidos como estratégicos en un 50%.

Esta ley crea el Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial, con una estructura orgánica compuesta por la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (la Oficina) y el Comité de Subsecretarios. La Oficina, es un órgano desconcentrado dependiente del Ministerio de Economía, que velará por el correcto funcionamiento del sistema; y el Comité está encargado de la coordinación y colaboración intersectorial entre los correspondientes órganos del Estado.

Cabe hacer presente que las disposiciones de esta ley entrarán en vigencia gradualmente y que se requiere de la dictación de una serie de reglamentos para su total implementación.

A continuación, se destacan sus principales innovaciones:

1. Procedimiento común

Establece normas mínimas para todos los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones sectoriales que no tienen una normativa específica que los regule, entre otras las siguientes:

a. Las solicitudes de iniciación de un procedimiento se presentarán digitalmente a través del Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER), mediante formularios únicos proporcionados por el órgano sectorial, con la identificación de los requisitos respectivos.

b. Permite la tramitación paralela de todas las autorizaciones relativas a un proyecto o actividad, sin perjuicio de las excepciones de la legislación sectorial.

c. Obliga a realizar un examen de admisibilidad para los procedimientos cuyo plazo para resolver sea mayor a 20 días. El plazo para este examen también es de 20 días.

d. Limita a una vez la posibilidad del órgano sectorial para declarar la inadmisibilidad por resolución fundada, y otorga un plazo para subsanar la falta.

e. Otorga un plazo máximo de 20 días a los órganos de la Administración que sean requeridos para emitir informes, salvo que la regulación sectorial disponga otro. Este plazo se podrá ampliar sólo una vez.

f. Establece plazos máximos de tramitación según los tipos de permisos.

g. Regula el silencio administrativo positivo y negativo. Para hacer valer el silencio administrativo el interesado deberá requerir un certificado que será expedido de forma automática por el SUPER, en el que se indicará si otorgó o rechazó la autorización sectorial solicitada.

h. Impone responsabilidades administrativas por el incumplimiento de los plazos, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones civiles, administrativas o penales a que hubiere lugar.

La responsabilidad administrativa de las jefaturas superiores del órgano sectorial dará lugar a la medida disciplinaria de multa de hasta el 20% de la remuneración mensual. En caso de infracción injustificada en dos semestres consecutivos, la multa será de entre un 20% y un 30%.

i. Permite que los órganos sectoriales encomienden a profesionales y entidades técnicamente idóneas las acciones de apoyo para la tramitación de una autorización para cumplir los plazos.

2. Técnicas Habilitantes Alternativas (THA)

Consagra que el aviso y las declaraciones juradas serán la regla general para habilitar el desarrollo de proyecto o actividades de bajo riesgo, sin necesidad de un acto administrativo favorable previo.

3. Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales (SUPER)

Establece una plataforma digital (ventanilla única) para la tramitación de todas las autorizaciones sectoriales, THA, publicación de información para los solicitantes.  Este sistema será administrado por la Oficina.   

4. Régimen de estabilidad regulatoria

Crea un régimen de estabilidad regulatoria para las autorizaciones sectoriales vinculadas a iniciativas de inversión con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, que permite que les rijan las normas vigentes al momento de la presentación de la respectiva declaración o estudio en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) hasta por 8 años, salvo que una nueva normativa las excluya por razones de interés público impostergable.

5. Mecanismos de fomento a la inversión

• Se crea un sistema de tramitación ágil para iniciativas de inversión calificadas como estratégicas, que reducirá a la mitad los plazos máximos de tramitación de las respectivas autorizaciones sectoriales.
• Para calificar una iniciativa de estratégica, la Oficina presentará anualmente una nómina a los ministros de Economía, Hacienda, Interior, Desarrollo Social y Medioambiente para que su selección fundada.

6. Modernización continua

• Establece una estrategia para la modernización continua de las autorizaciones sectoriales y la aplicación de las THA, en virtud de la cual los órganos sectoriales realizarán, al menos cada 3 años, un diagnóstico para simplificarlas.
• Con los mencionados diagnósticos, la Oficina elaborará un Reporte para la Modernización de Autorizaciones Sectoriales que será presentado al Comité para las Autorizaciones Sectoriales e Inversión. Éste definirá la estrategia, cuyas medidas deberán ser implementadas por los correspondientes órganos sectoriales.
• La Oficina evaluará cada 5 años los resultados de la implementación de esta ley, con propuestas de mejoras. Esta evaluación se presentará ante el Presidente de la República; la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y del Senado.

7. Modificación a otros cuerpos legales

Esta ley modifica más de 40 cuerpos legales, entre los cuales están el Código Sanitario, el DFL que fija la ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas, la ley de Superintendencia de servicios Sanitarios, el Código de Aguas, etc.

Trinidad Valdés

Investigadora

Instituto UNAB de Políticas Públicas