Clínica Jurídica UNAB Viña del Mar abordó propuestas para descongestionar los tribunales

La Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar, realizó una nueva edición del Encuentro Regional de Derecho Procesal, instancia que desde 2015 convoca a académicos, especialistas e integrantes del Poder Judicial para analizar los principales desafíos de la justicia chilena.

En esta oportunidad, la discusión se centró en los procedimientos monitorios, mecanismos que simplifican la tramitación de determinados conflictos y las propuestas que podrían contribuir a reducir la congestión de los tribunales.

Estos procedimientos permiten que un juez dicte una resolución inicial a partir de antecedentes presentados por una de las partes, otorgando a la contraparte un plazo para oponerse. En caso de existir controversia, el conflicto puede continuar mediante otra vía procesal.

Ana Vásquez Uribe, directora de la Clínica Jurídica UNAB Viña del Mar, explicó que el encuentro permitió analizar la aplicación de esta herramienta en distintas áreas del derecho y discutir las posibilidades de extender su utilización.

“El procedimiento monitorio representa una alternativa interesante para agilizar la resolución de determinados conflictos, pero su implementación requiere analizar cuidadosamente las particularidades de cada materia. El desafío es avanzar hacia una justicia más eficiente sin dejar de resguardar los derechos de las personas involucradas”, señaló Vázquez.

Justicia de familia

Uno de los principales temas abordados fue la eventual incorporación de este mecanismo a los tribunales de familia, ámbito donde actualmente no existe esta modalidad y cuya implementación requeriría una modificación legal.

Francesco Carretta, juez de familia de Valparaíso, planteó que una reforma de estas características podría contribuir a descongestionar los tribunales y permitir un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.

Durante su exposición, el magistrado destacó que las causas de alimentos representan un 33% de los asuntos de familia, por lo que agilizar su tramitación podría tener efectos importantes sobre el funcionamiento del sistema.

“Si logramos simplificar la tramitación de determinadas causas, especialmente aquellas relacionadas con alimentos, podríamos destinar mayores recursos humanos y materiales a otros conflictos familiares que requieren una intervención judicial más especializada. Sin embargo, para avanzar en esta dirección es indispensable contar con una reforma legal que establezca las condiciones y garantías del procedimiento”, explicó Carretta.

Rapidez y garantías

La jornada también permitió revisar las dificultades que han enfrentado los procedimientos monitorios ya implementados en otras áreas.

Gísela Kleinsteuber, académica de Derecho del Trabajo UNAB y abogada de la Defensoría Laboral, analizó los resultados de este mecanismo tras 18 años de funcionamiento en el ámbito laboral.

La especialista advirtió que las expectativas iniciales de rapidez no siempre se han cumplido, debido a factores como la sobrecarga de trabajo, la falta de jueces y las demoras en la tramitación.

Según explicó, procedimientos concebidos para resolverse en 30 días pueden llegar a extenderse hasta un año, evidenciando las dificultades que enfrenta el sistema para cumplir los plazos previstos.

“La experiencia laboral demuestra que establecer procedimientos más breves no garantiza por sí solo una justicia más rápida. También es necesario considerar la capacidad de los tribunales, la disponibilidad de jueces y los recursos existentes para responder adecuadamente a la demanda de causas”, sostuvo Kleinsteuber.

Por su parte, Silvana Donoso, presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, abordó la relación entre los procedimientos monitorios y la tutela judicial efectiva, destacando la importancia de equilibrar la rapidez de las resoluciones con las garantías procesales.