CHV | Académico de Derecho, César Vargas analiza implicancias jurídicas del caso que involucra a senadora Camila Flores

La reciente controversia pública protagonizada por la senadora Camila Flores y su ex esposo, Percy Marín, ha abierto un debate sobre los límites jurídicos en la obtención y utilización de pruebas dentro de procesos judiciales de familia, particularmente en causas de divorcio culposo.

En ese contexto, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, César Vargas Rojas, entregó su visión respecto de uno de los aspectos centrales del caso: la admisibilidad de registros audiovisuales que eventualmente podrían ser utilizados como evidencia en un juicio de divorcio.

Según explicó el experto, uno de los elementos que deberá analizar el tribunal es la forma en que dichos antecedentes fueron obtenidos y si su incorporación al proceso respeta las garantías fundamentales de las personas involucradas.

“Evidentemente es el juez de familia quien va a tener que hacer este examen de admisibilidad y ver si la prueba se obtuvo de manera lícita o actualmente con vulneración a las garantías y derechos fundamentales”, señaló Vargas.

El académico explicó que, en los procedimientos de divorcio culposo, la legislación contempla causales específicas que deben ser acreditadas mediante pruebas válidas y obtenidas conforme a derecho. Entre ellas se encuentran situaciones relacionadas con infidelidad, violencia intrafamiliar u otras conductas graves que hagan intolerable la vida en común.

“En cuanto a las causales, nuestro ordenamiento jurídico identifica las siguientes: todo lo que dice relación con infidelidad, todo lo que dice relación con violencia interna dentro de los cónyuges, dentro de la relación conyugal, intento o vías de hecho en contra de los hijos”, precisó.

Para el especialista, el debate jurídico no se limita únicamente al contenido de los registros, sino también a las circunstancias en que fueron obtenidos, resguardados y posteriormente incorporados a una causa judicial. En ese sentido, la evaluación de los tribunales resulta clave para equilibrar el derecho a probar determinadas conductas con la protección de la privacidad y otros derechos fundamentales reconocidos por la legislación chilena.

El análisis cobra relevancia en un escenario donde el uso de herramientas tecnológicas, registros digitales y plataformas de comunicación se ha vuelto cada vez más frecuente como fuente de evidencia en distintos tipos de litigios.

Desde la academia, este tipo de casos permite reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales para resolver controversias en las que convergen derechos fundamentales, nuevas tecnologías y relaciones familiares complejas, materias que continúan generando debate tanto en el ámbito jurídico como en la sociedad.