El Mercurio | Agencia de Políticas Públicas sin independencia técnica

El proyecto de ley que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Publicas es parte de la agenda que el Gobierno espera dejar aprobada antes del 11 de marzo de 2026, fecha del cambio de administración.

La iniciativa, que también asume las funciones de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), esta en segundo tramite legislativo en el Senado y, según los especialistas, tiene espacios de mejora en su contenido.

Un informe del Instituto de Políticas Publicas de la Universidad Andres Bello (Unab) analizo la propuesta y plantea un nuevo mecanismo para abordar una de las tareas que se le encomiendan: mejorar la calidad normativa.

Se detalla que las labores de la Agencia para la Calidad de las Políticas Publicas abarcan un abanico amplio de materias, desde la evaluación de planes, programas y políticas, hasta la calidad regulatoria y un enfoque en productividad.

Si bien se estima que el proyecto podría impactar positivamente en la labor del Estado, el informe concluye que el futuro organismo carece de atribuciones sustantivas, no esta asegurada su independencia técnica y política, y su objeto resulta «excesivamente amplio».

Y se alerta de que tampoco establece consecuencias para el incumplimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones ex post (posteriores), ni otorga efectos vinculantes a los informes de impacto regulatorio ex ante (previos), entre otros aspectos que dificultarían el cumplimiento de las expectativas con su implementación.

Ante ello, el documento propone la creación de una entidad  dedicada exclusivamente a velar por la calidad regulatoria del Estado, a cargo del ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). El nuevo organismo se denominaría Dirección de Calidad Normativa (Dican), que toma como referencia la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa de España.

Con esto, según el informe, se busca transformar la calidad normativa «en una dimensión visible del debate democrático», de la misma manera en que el costo fiscal lo es en la actualidad.

Incorporación de principios

Se propone que esta nueva unidad de la Segpres tendrá la tarea de incorporar a las nuevas regulaciones principios como la necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, entre otros, para orientar una mejora sistémica en la calidad normativa. Para ello, se plantea, esta nueva área ministerial deberá elaborar informes públicos de todos los proyectos de ley que presente el Ejecutivo y de los decretos respectivos, medida que se inspira en los informes financieros de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que deben acompañar a todos los proyectos de ley que impliquen gasto fiscal.

Se especifica que este informe de calidad normativa deberá ser público y discutirse en las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y del Senado, tal como ocurre con los informes de la Dipres en las instancias de Hacienda del Congreso. El documento deberá realizar un análisis jurídico de las propuestas que vele por la congruencia con el resto del ordenamiento jurídico vigente y en tramitación con el fin de evitar duplicidades, incoherencias e interposiciones.

Asimismo, deberá incluir las normas que se deberán modificar, derogar o refundir con sus respectivos plazos; explicar la causa, objeto y las alternativas para resolver la situación que se regula y estimar la carga administrativa que generara la norma, considerando todos los costos con el objeto de evitar cargas innecesarias. Y en el caso de que se formulen nuevas cargas administrativas, se deberá modificar o derogar una o más regulaciones para compensar el peso de la nueva, dentro de un plazo determinado.

«La calidad normativa es un elemento clave de la modernización del Estado; esta propuesta avanza en esta línea para mejo-rar y ordenar las regulaciones vigentes, lo que entrega certezas jurídicas e impacta en la calidad de las políticas públicas», afirma la investigadora del Instituto Unab de Políticas Públicas, Trinidad Valdés.

Las otras mejoras

También en evaluación de las políticas publicas, un análisis de Pivotes advierte que entre los pafses OCDE, Chile se ubica en el puesto 33 de 39 respecto al análisis de normas subordinadas como decretos o reglamentos.

En el informe del centro de estudios se advierte que entre los años 2019 y el 2024, un total de 120 proyectos de ley han sido evaluados, de un total de 545 ingresados por el Ejecutivo al Congreso Nacional. Es decir, el porcentaje de evaluación de este tipo de normas es de solo un 22%.

Pivotes detalla que a nivel de normas secundarias la situación es aún peor: solo 34 reglamentos han sido evaluados, de un total de 725 dictados durante el periodo, lo que equivale a un 95,3% de incumplimiento.

José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, explica que hoy en Chile cada ministerio es el encargado de realizar las evaluaciones ex ante (previas) de las leyes y de los reglamentos que formula. «Eso se hace poco», alerta.

También señala que las evaluaciones de impacto de las leyes las realizan el Departamento de Evaluación de la Ley, dependiente de la Cámara de Diputados, y también la Oficina de Información, Análisis y Asesoría, del Senado. «Esto se hace muy poco, y con muy bajo impacto», añade.

Valenzuela complementa que la Comisión Nacional de Productividad (CNP) también hace «evaluaciones de alta calidad», pero dada su escala «tienen un alcance limitado».

El experto cree que el proyecto que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Publicas podría ayudar a mejorar estas deficiencias.