Académicos y estudiante UNAB presentaron investigaciones en las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Penal

Cuatro académicas y académicos, junto a un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB), participaron en las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Penal y Ciencias Penales, realizadas los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2026, bajo la organización de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

El encuentro reunió a investigadores, docentes, profesionales del ámbito jurídico y estudiantes de distintas universidades del país, con el propósito de presentar y debatir estudios sobre los principales desafíos del derecho penal y las ciencias penales.

La actividad contempló mesas paralelas de ponencias académicas y una modalidad de presentación de pósteres destinada a estudiantes de Derecho, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la discusión de nuevas perspectivas de investigación.

En representación de la UNAB participaron Agustina Alvarado Urízar, Alejandro Leiva López, Massiel Olaavarría Urra, Alejandra Rojas Uribe y Javier Muñoz Uribe, quienes presentaron trabajos relacionados con problemáticas actuales del sistema penal chileno, desde la recuperación de activos vinculados a delitos hasta la protección de derechos fundamentales.

Recuperación de activos y legislación antiterrorista

La Dra. Agustina Alvarado Urízar, directora del Departamento de Derecho Penal y profesora investigadora de la UNAB, presentó la ponencia «El aseguramiento patrimonial del comiso: ¿incautar o cautelar?», investigación centrada en los mecanismos jurídicos utilizados para asegurar bienes que eventualmente pueden ser objeto de comiso en un proceso penal.

Su trabajo propone distinguir entre aquellos casos en que el comiso recae sobre un bien específico y aquellos en que busca recuperar un determinado valor económico. Esta diferenciación permitiría establecer cuándo corresponde aplicar una incautación o medidas cautelares reales, resguardando la proporcionalidad, el control judicial y los derechos de terceros de buena fe.

Al respecto, la académica explicó: «Las reformas recientes han ampliado considerablemente las posibilidades del Estado para decomisar bienes vinculados con actividades delictivas, pero no han resuelto adecuadamente cómo deben asegurarse esos bienes durante la investigación penal. No es lo mismo incautar una cosa por su vinculación con un delito que inmovilizar bienes para garantizar una determinada cantidad de dinero».

En esa línea, agregó: «Confundir ambas situaciones puede traducirse en restricciones patrimoniales que carezcan de controles judiciales suficientes. El desafío es hacer eficaz la recuperación de activos ilícitos sin sacrificar las garantías procesales ni los derechos de terceros de buena fe».

Por su parte, el Dr. Alejandro Leiva López, director de Postgrados y profesor investigador de la Facultad de Derecho UNAB, expuso la investigación «¿El terrorista como enemigo interno? Finalidades terroristas, adherencia y Derecho penal de autor en la Ley N° 21.732».

Su presentación examinó aspectos de la legislación antiterrorista chilena, particularmente los riesgos asociados a atribuir responsabilidad penal a partir de las convicciones ideológicas de una persona, en lugar de centrar el análisis en conductas jurídicamente relevantes.

La investigación advierte sobre el fortalecimiento de elementos subjetivos en la regulación antiterrorista y la necesidad de resguardar los principios que limitan el ejercicio del poder punitivo del Estado.

Respecto de la importancia del encuentro, el académico destacó: «Las Jornadas Nacionales de Derecho Penal y Ciencias Penales se han consolidado como uno de los principales espacios de encuentro académico para quienes nos dedicamos al estudio e investigación de esta disciplina en Chile. Son una instancia especialmente valiosa para compartir nuestras investigaciones, discutir los principales problemas del Derecho penal y fortalecer los vínculos entre académicos de distintas universidades».

Asimismo, valoró la convocatoria y organización del evento, liderada por el profesor Christian Scheechler y su equipo de ayudantes, cuyo trabajo permitió desarrollar las distintas actividades académicas.

Violencia de género y trata de personas: los desafíos de la responsabilidad penal

Otra de las investigaciones presentadas estuvo a cargo de Massiel Olaavarría Urra, profesora y coordinadora del Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la UNAB, quien expuso «La imputación del suicidio femicida: Causalidad psíquica, autonomía de la víctima y límites de la expansión penal».

El trabajo, desarrollado en el marco de su investigación doctoral, busca establecer criterios jurídicos para determinar cuándo la conducta de un tercero puede tener relevancia causal en un suicidio y, eventualmente, justificar una atribución de responsabilidad penal.

La investigación aborda la complejidad de estos casos, considerando tanto los contextos de violencia de género como la autonomía de las víctimas y las garantías propias del derecho penal.

Sobre esta problemática, la académica señaló: «Uno de los principales desafíos que plantea el delito de suicidio femicida es determinar en qué circunstancias una persona puede ser penalmente responsable por un resultado que ha sido ejecutado por la propia víctima. Que una persona tome la decisión de quitarse la vida no significa necesariamente que la conducta de terceros carezca de relevancia causal, pero tampoco basta con acreditar un contexto previo de violencia para atribuir automáticamente responsabilidad penal».

En ese sentido, agregó: «Mi investigación busca precisamente contribuir a esa discusión, estableciendo criterios que permitan reconocer la complejidad de estos casos sin desconocer los límites y garantías propios del Derecho Penal».

En tanto, Alejandra Rojas Uribe, profesora de la Facultad de Derecho UNAB, presentó la ponencia «Cuando la esclavitud entra al hogar: Trata de niños, niñas y adolescentes, y los límites del Derecho Penal en contextos migratorios».

Su investigación analiza el tratamiento jurídico de la servidumbre doméstica infantil vinculada a la práctica conocida como restavèk, presente en Haití, a partir de un caso judicial chileno en el que un matrimonio fue condenado por mantener a una niña en condiciones de trabajo forzado y maltrato.

El estudio examina los alcances del delito de trata de personas, proponiendo una interpretación de la conducta de «acoger», contemplada en el artículo 411 quáter del Código Penal, como un delito de carácter permanente. Asimismo, plantea la importancia de utilizar criterios probatorios objetivos para determinar la finalidad de explotación.

La profesora explicó que estas situaciones requieren una aproximación jurídica que considere tanto la protección de la infancia como los riesgos de discriminación hacia comunidades migrantes. «Solemos asociar la trata de personas al crimen organizado y a grandes redes transnacionales, pero sus manifestaciones más graves pueden ocurrir en silencio, puertas adentro y bajo el ropaje de la solidaridad familiar. El caso del restavèk nos obliga a reflexionar si el Derecho Penal debe ser capaz de nombrar la servidumbre doméstica infantil sin caer en una persecución selectiva contra la migración precaria, ni conformarse con inferencias retrospectivas que reducen los principios que orientan a la disciplina», enfatizó.

La académica también enfatizó la necesidad de fortalecer las respuestas preventivas del Estado: «Proteger a la infancia exige estándares probatorios objetivos y prevención estatal temprana, ya que no podemos pretender que los tribunales penales resuelvan con una condena lo que la política pública dejó en la invisibilidad».

Estudiante UNAB presentó investigación sobre control de identidad

La participación de la Universidad Andrés Bello también incluyó al estudiante de quinto año de Derecho Javier Muñoz Uribe, quien además se desempeña como coordinador del Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la institución.

A través de la modalidad de póster académico, presentó la investigación «Las características de los indicios del control de identidad investigativo: una mirada teórica».

Su trabajo busca identificar, mediante el análisis del derecho comparado, las características que deben reunir los indicios utilizados para justificar un control de identidad investigativo, de manera que estas actuaciones se ajusten a las exigencias legales.

La temática adquiere relevancia en el debate sobre las facultades policiales, los estándares de justificación de los procedimientos y la protección de los derechos fundamentales de las personas sometidas a controles de identidad.

Sobre su experiencia, el estudiante valoró especialmente la posibilidad de compartir conocimientos con investigadores y alumnos de otras instituciones. «Poder participar en instancias como estas siempre es una oportunidad para seguir aprendiendo, las ponencias de este año y el debate académico fue de un alto nivel lo cual permite crecer en este rubro. Por último, participar en poster con otros estudiantes de otras universidades genera un espacio para compartir y de fraternidad dentro de este acotado mundo», dijo.

Su participación permitió incorporar una perspectiva estudiantil a las discusiones académicas desarrolladas durante las jornadas, fortaleciendo el vínculo entre la formación de pregrado y la investigación jurídica.

Académica UNAB participó en presentación de libro sobre derecho penal y violencia de género

La presentación de esta obra se sumó a las actividades de intercambio y difusión de investigaciones desarrolladas durante el encuentro, dando cuenta de la participación de la académica UNAB tanto en la producción de conocimiento jurídico como en el debate especializado sobre violencia de género.

En conjunto, la participación de académicos y estudiantes de la Facultad de Derecho UNAB en las XXII Jornadas Nacionales de Derecho Penal y Ciencias Penales permitió compartir investigaciones sobre desafíos actuales del sistema penal, fortalecer el intercambio con especialistas de otras universidades y vincular la formación jurídica con el desarrollo de conocimiento académico.

Estas instancias contribuyen a proyectar nuevas líneas de discusión e investigación en ámbitos donde el derecho penal debe responder a problemáticas sociales complejas, resguardando al mismo tiempo los principios y garantías fundamentales que orientan su aplicación.