22 Noviembre 2024

Académico UNAB apoya dictamen de la Contraloría en columna de La Tercera

En la columna “La Contraloría y sus límites”, el profesor de la Facultad de Derecho Antonio Leiva apoyó el dictamen emitido por la Contralora Dorothy Pérez.

En sección “Frente a Frente” el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Andrés Bello defendió el polémico dictamen de la Contraloría General de la República.

El organismo liderado por Dorothy Pérez estableció que la Contraloría debe abstenerse de emitir pronunciamientos en los casos de confianza legítima.

Esto marca una gran diferencia con lo ocurrido  durante el período del ex Contralor Jorge Bermúdez.

En la época de Bermúdez la Contraloría emitió dictámenes en esta materia pese a que ello producía decisiones contradictorias con las sentencias de los tribunales. Esto resultaba especialmente llamativo debido a que la Ley Orgánica de la Contraloría para casos litigiosos como estos contiene una limitación absoluta a su competencia.

Ante esto,  en su columna, el académico de la UNAB  sostuvo que el esfuerzo jurídico de este dictamen debe ser alentado.

Y se preguntó: “¿Se ajusta a derecho el criterio de la Contraloría sobre el inciso tercero del artículo 6 de su Ley Orgánica? ¿Acaba este dictamen con la protección de la confianza legítima de las contratas?

Leiva indicó que debe sostenerse que el criterio es jurídicamente correcto y que ello no afecta la confianza legítima.

Por otra parte, el académico UNAB expresó en La Tercera que este fallo “de ninguna manera limita la confianza legítima”.

“En él se enumeran algunos de muchos pronunciamientos previos de la Contraloría donde reconoce esta garantía. Con ello, preserva el criterio de obligar a la administración del Estado a motivar, con un nivel más alto de argumentación, las decisiones que alteren  situaciones jurídicas que ella misma constituyó con sus actos propios”.

Además destacó la urgencia de legislar sobre la protección de la carrera funcionaria de quienes se desempeñan a contrata, sobre todo para mitigar el riesgo que representa para ellos ser vistos como un “botín” en los cambios de Gobierno.