Académico de Derecho se presentó ante la Convención Constitucional para plantear ideas sobre la necesidad de dar reconocimiento constitucional al derecho de acceso a la información pública

El académico e integrante del área de Derecho Público sostuvo que «en la actualidad el derecho de acceso a la información pública se encuentra regulado en la Ley 20.285 y solo es exigible a la Administración del Estado y, además, no tiene reconocimiento constitucional lo que impide que cumpla de mejor manera la finalidad de controlar el ejercicio del poder».

Además, el docente propuso el siguiente texto normativo: «se reconoce el derecho de toda persona a acceder a la información pública que se encuentra en poder de los órganos del Estado en la forma y condiciones que señale la ley».

También, en el contexto del proceso constituyente, el profesor Jorge Astudillo presentó una iniciativa popular de norma constitucional titulada «INHABILIDAD PARA EJERCER CARGOS PÚBLICOS PARA PERSONAS CONDENADAS POR CORRUPCIÓN» la que requiere de 15 firmas de apoyo para que sea discutida en el seno de la Convención.

Asimismo, el profesor Astudillo explica que «la nueva Constitución no solo debe concretar con fuerza el principio de probidad en el ejercicio de la función pública, sino que debe prever mecanismos concretos para combatir la corrupción y así impedir o a lo menos obstaculizar que personas condenadas por corrupción puede ejercer funciones públicas sea o no de elección popular, ya sea en forma perpetua o en un número importante de años. Impedir que corruptos/as accedan al ejercicio del poder es una medida que sin duda genera beneficios para el interés general y contribuye a consolidar nuestra democracia».

La norma propuesta señala: «El principio de probidad debe ser estrictamente observado por toda persona que ejerza la función pública. Las personas condenadas por actos de corrupción tipificados por la ley quedaran inhabilitadas en forma perpetua para ejercer la función pública en cualquier tipo de cargo, sea o no de elección popular, desde el momento en que la sentencia condenatoria quede firme o ejecutoriada».

Apoyo a la propuesta

Cabe destacar que la propuesta del docente de la Universidad Andrés Bello se encuentra dentro de las 10 que más apoyos cuenta a la fecha. El plazo final para completar las 15 mil firmas vence el 1 de febrero y la propuesta se puede estudiar y eventualmente apoyar en el siguiente link: https://iniciativas.chileconvencion.cl/m/iniciativa_popular/o/3182