ABC de la Inclusión | Las barreras invisibles que siguen enfrentando millones de personas en Chile

La diversidad es una característica inherente a la condición humana y va mucho más allá de la discapacidad. Todas las personas son diferentes en su forma de vivir, aprender, comunicarse, trabajar, creer y participar en la sociedad. La discapacidad es solo una de las múltiples expresiones de esa diversidad, junto con la edad, la cultura, la neurodivergencia, el género, la migración, las creencias y las distintas trayectorias de vida. Desafortunadamente aún existen prejuicios, estereotipos y barreras sociales que continúan limitando la participación de muchas personas, vulnerando un derecho fundamental, que es formar parte de la sociedad en igualdad de oportunidades.

Esta realidad adquiere especial relevancia en Chile, ya que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE 2022), el 17% de la población de dos años y más vive con algún grado de discapacidad, lo que equivale a más de 3,2 millones de personas. De ellas, cerca de 2,2 millones presentan discapacidad severa.

Desde la Terapia Ocupacional, la inclusión no se entiende como un acto de solidaridad ni de tolerancia, sino como el reconocimiento del derecho de todas las personas a participar plenamente en las ocupaciones que dan sentido a sus vidas. Este enfoque busca que cada persona pueda ejercer sus derechos, desarrollar su proyecto de vida y participar activamente en la comunidad, independientemente de sus características o circunstancias.

Barreras estructurales para la inclusión

El director de la escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Andrés Bello, Marcelo Esper, explica que el principal desafío no es cambiar a las personas, sino transformar los entornos para favorecer una participación efectiva.

«La inclusión es una de las principales misiones de la Terapia Ocupacional. Nuestro trabajo consiste en identificar y reducir las barreras que dificultan la participación, promover la accesibilidad, impulsar ajustes razonables y favorecer que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Incluir no significa que todos hagan lo mismo, sino que todas las personas tengan oportunidades reales de participar, aportar y sentirse parte de la comunidad», señaló.

El académico afirma que las principales barreras no suelen estar en las personas, sino en la forma en que la sociedad ha sido organizada.

Persisten prejuicios, estereotipos y modelos que esperan que todos vivamos, aprendamos o trabajemos de la misma manera. Hoy también observamos cómo personas que migran por conflictos, crisis climáticas o falta de oportunidades enfrentan enormes desafíos para reconstruir sus proyectos de vida en comunidades con culturas diferentes. A ello se suman exclusiones por razones sociales, culturales, económicas, religiosas o de identidad, que restringen la participación y vulneran derechos fundamentales.

La inclusión universitaria como compromiso

En el ámbito de la educación superior, las universidades también enfrentan el desafío de implementar apoyos que favorezcan la participación de estudiantes con distintas necesidades y trayectorias. En el caso de la Universidad Andrés Bello, durante los últimos años, ha fortalecido su política institucional de inclusión a través del programa CIADE + Inclusión, iniciativa que acompaña a estudiantes en situación de discapacidad y a quienes requieren apoyos para su participación y progresión académica. El programa desarrolla acompañamientos personalizados, implementa ajustes razonables, promueve la accesibilidad y contribuye a eliminar barreras que puedan dificultar la trayectoria universitaria.

“La UNAB impulsa políticas orientadas a favorecer una educación inclusiva, promoviendo el respeto por la diversidad, la igualdad de oportunidades y la participación activa de toda la comunidad universitaria, entendiendo que la inclusión constituye un derecho y un elemento esencial para el desarrollo de una sociedad más equitativa”, explica Esper.

Sin embargo, actualmente, Chile no cuenta con un catastro oficial del número de estudiantes universitarios con TEA, por ejemplo, pero desde 2025 todas las instituciones de educación superior deben implementar las orientaciones derivadas de la Ley N.º 21.545 (Ley TEA), orientadas a favorecer el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes autistas.

A nivel social

Otro de los factores que frena una total inclusión, es el idioma. Según el Censo 2024, la población migrante supera los 1,6 millones de personas, equivalente a cerca del 8% de la población del país, proveniente principalmente de países hispanohablantes, pero el aumento de comunidades provenientes de Haití, China y otros países ha obligado a sumar mayor apoyo lingüístico e intercultural.

«Las familias pueden educar desde la infancia en el respeto y la valoración de las diferencias. Las instituciones deben garantizar políticas inclusivas, accesibilidad y oportunidades reales de participación. La comunidad, por su parte, tiene el desafío de promover el encuentro, el diálogo y el reconocimiento de que todas las personas poseen los mismos derechos, aunque sus formas de vivir y participar sean distintas», explica el docente.

Avance y empleo

Cabe indicar que a pesar de que las leyes favorecen mucho la inclusión laboral, sigue habiendo algunas diferencias. El 2° Estudio Nacional de Discapacidad (ENDISC), identificó que el 56% de las personas con discapacidad leve o moderada participa en el mercado laboral, pero la cifra disminuye a 24,3% entre quienes presentan discapacidad severa, lo que finalmente se traduce en menores ingresos y mayores trabas para acceder a trabajos formales y estables.

Lo anterior también se puede llevar a la falta de inclusión en algo tan cotidiano como la tecnología, que en ocasiones las personas mayores no logran entender y son las más afectadas. La Encuesta CASEN y la Subsecretaría de Telecomunicaciones indican que las personas de 60 años y más, presentan la menor utilización de tecnología o internet, y aproximadamente 3 de cada 10 personas mayores no la utilizan, siendo una barrera al momento de realizar trámites debido a la falta de confianza en la tecnología y aparatos adecuados.

Marcelo Esper afirma que el verdadero cambio comienza cuando la sociedad deja de entender la inclusión como un gesto de buena voluntad y la asume como un derecho. «La inclusión no se logra únicamente eliminando barreras físicas o cumpliendo una normativa. Implica transformar la forma en que entendemos la diversidad, reconociendo que todas las personas tienen derecho a participar plenamente en la educación, el trabajo y la vida comunitaria. Cuando una sociedad continúa privilegiando un único modelo de funcionamiento, termina excluyendo el enorme potencial que aporta la diversidad humana. Es fundamental promover entornos más accesibles, flexibles y centrados en las personas, donde las diferencias no sean vistas como limitaciones, sino como una oportunidad para construir comunidades más justas, participativas y equitativas”, concluye.