01 Octubre 2026

ABC de la Inclusión | Derechos que transforman la inclusión en la Educación Superior

La directora de Inclusión y Diversidad de la Universidad Andrés Bello, Karen Medina Muñoz, destaca que el desafío actual no solo está en facilitar el acceso a la Educación Superior, sino también en promover la participación, permanencia y titulación de todos los estudiantes.

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La inclusión en Educación Superior ha experimentado una transformación significativa en Chile durante la última década. El sistema ha avanzado desde un enfoque centrado principalmente en el acceso de estudiantes con discapacidad hacia la construcción de entornos educativos capaces de responder a la diversidad y favorecer trayectorias formativas en igualdad de oportunidades.

Karen Medina Muñoz, directora de Inclusión y Diversidad de la UNAB.

Para Karen Medina Muñoz, directora de Inclusión y Diversidad de la Universidad Andrés Bello (UNAB), uno de los cambios más relevantes ha sido la evolución del concepto de inclusión y la transición hacia un enfoque basado en derechos.

“El avance más importante ha sido el cambio desde un modelo centrado en el déficit hacia un enfoque de derechos, donde las instituciones son corresponsables de generar las condiciones necesarias para la participación plena de todos los estudiantes”, precisa.

Este cambio de mirada ha sido acompañado por avances normativos y por el fortalecimiento de iniciativas que buscan consolidar una Educación Superior más inclusiva, promoviendo la accesibilidad, la participación y el acompañamiento durante toda la trayectoria formativa.

Marco normativo que impulsa la inclusión

Durante los últimos años, Chile ha desarrollado un marco normativo que ha fortalecido el rol de las instituciones de Educación Superior en materia de inclusión.

Entre estos avances destaca la Ley N.° 21.091 sobre Educación Superior, que incorporó la inclusión y el respeto por los derechos humanos como principios del sistema. A ello se suma la Ley TEA, que reforzó la responsabilidad institucional de generar apoyos y ajustes durante la trayectoria educativa de los estudiantes.

También se encuentra la implementación de la Ley N.° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, junto con el desarrollo de orientaciones ministeriales para su aplicación en instituciones de Educación Superior.

Este avance normativo se ha complementado con el trabajo colaborativo de redes e instancias técnicas, como la Red Nacional de Educación Superior Inclusiva (RESI), la Comisión de Inclusión del G9 y la Mesa Técnica MINEDUC-SENADIS, creada en 2024 para revisar y fortalecer las políticas públicas sobre discapacidad en educación superior.

Hacia entornos educativos más accesibles

La inclusión en Educación Superior también implica avanzar hacia instituciones capaces de responder a comunidades estudiantiles cada vez más diversas.

En este escenario, las universidades han fortalecido equipos interdisciplinarios, protocolos de apoyo, estrategias de accesibilidad digital y mecanismos de acompañamiento para favorecer la participación de los estudiantes durante su trayectoria académica.

Junto con los avances alcanzados, las instituciones continúan fortaleciendo ámbitos como la accesibilidad comunicacional, los ajustes razonables, la formación de académicos y el desarrollo de herramientas que favorezcan la participación plena de los estudiantes.

Para Medina, el desafío está en avanzar hacia modelos integrales de acompañamiento.

Hoy las universidades están llamadas a desarrollar modelos de inclusión cada vez más integrales. Esto implica fortalecer los apoyos académicos, la accesibilidad, el acompañamiento y el trabajo coordinado entre distintas áreas para responder a las necesidades de una comunidad estudiantil cada vez más diversa.

Una realidad nacional que impulsa nuevas estrategias universitarias

Los avances en inclusión responden también a una realidad nacional que reflejan las cifras. Según el Censo 2024, el 11,1% de la población chilena de cinco años o más presenta algún grado de discapacidad, equivalente a 1.950.388 personas.

Además, las personas con discapacidad registran un promedio de 8,9 años de escolaridad, cifra que representa 3,7 años menos que la población sin discapacidad.

En Educación Superior, este escenario se ha traducido en un aumento de estudiantes que solicitan apoyos, adecuaciones y acompañamiento durante su formación, especialmente en ámbitos asociados a neurodivergencias y salud mental.

Frente a esta realidad, las instituciones han fortalecido sus capacidades internas y avanzado hacia modelos preventivos que permiten acompañar la diversidad estudiantil desde una mirada integral.

Inclusión como parte de la calidad universitaria

Otro avance relevante ha sido la incorporación de la inclusión dentro de los procesos de aseguramiento de la calidad.

En este contexto, el Criterio 7 de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) vincula la inclusión y los ajustes razonables con la calidad institucional, promoviendo que las instituciones de Educación Superior cuenten con políticas, mecanismos y acciones concretas para favorecer la participación, permanencia y egreso de sus estudiantes.

Para Medina, este avance permite consolidar una cultura institucional basada en la mejora continua. “La incorporación de la inclusión a los criterios de calidad ha impulsado a las instituciones a fortalecer sus políticas, equipos y mecanismos de apoyo para responder a las distintas necesidades de los estudiantes. Hoy el desafío no es solo declarar principios, sino demostrar con evidencia que esas acciones generan un impacto real en la trayectoria formativa”, señala.

En esta línea, las instituciones han avanzado en el fortalecimiento de equipos especializados, servicios de apoyo estudiantil, accesibilidad digital y estrategias de acompañamiento.

El desafío de consolidar una cultura inclusiva

Medina plantea que el siguiente paso es consolidar una cultura institucional donde la inclusión forme parte del quehacer cotidiano de las universidades.

Para ello, destaca la importancia de fortalecer la formación de los equipos académicos, mejorar los sistemas de seguimiento y evaluación, profundizar el trabajo colaborativo entre las distintas unidades universitarias y continuar desarrollando entornos accesibles.

“El principal desafío de las universidades ya no es abrir las puertas a la diversidad, sino transformar sus culturas, prácticas y entornos para que todos los estudiantes puedan participar, aprender y desarrollarse en igualdad de oportunidades”, concluye la directora de Inclusión y Diversidad UNAB.

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