A cuatro años del 18 de octubre, el 58% cree que las movilizaciones tuvieron efectos negativos para el país
Un sondeo realizado por el Instituto UNAB de Políticas Públicas mostró, además, que el 83% de la ciudadanía siente que el país no ha avanzado en la solución de las demandas sociales, mientras que el 74% no cree que los políticos estén más conscientes de las urgencias sociales de las personas, cifra que representa un aumento de 8 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Por Catalina Duco
Este miércoles 18 de octubre se cumplen cuatro años desde el inicio de las movilizaciones sociales que desencadenaron el actual proceso constitucional, en el cual la ciudadanía deberá votar a favor o en contra de la propuesta de nueva Constitución el próximo 17 de diciembre.
Con el fin de analizar la percepción de los chilenos y chilenas frente a los hechos iniciados en octubre de 2019 y el impacto que éstos han tenido a lo largo de los años, el Instituto UNAB de Políticas Públicas dio a conocer los resultados del sondeo de opinión “A cuatro años del 18 de octubre: Las movilizaciones desde el retrovisor”.
El estudio, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 28 de septiembre y el 10 de octubre, evidenció que el 58% de la población cree que los efectos de las movilizaciones han sido negativos para Chile porque fomentó la violencia y la polarización. En tanto, un 25% afirma que éstos han sido positivos ya que “ayudó a que las demandas de la ciudadanía fueran escuchadas” y un 16% sostiene que no tuvo efectos ni positivos ni negativos. Por su parte, esta percepción aumenta a mayor edad de la población, de un 48,3% entre las personas de 18 y 29 años hasta un 69,1% en las personas mayores de 65.
Vigencia de las demandas sociales
En cuanto a la solución de los anhelos de la ciudadanía, un 42% cree que sí se pueden conseguir todas las demandas sociales (pensiones, transporte, salud y remedios e ingresos laborales mínimos) pero sólo con gradualidad, un 38% considera que Chile sí tiene los recursos suficientes para conseguirlas y un 18% sostiene que no es posible puesto que las demandas son infinitas y los recursos limitados.
En este mismo aspecto, un amplio porcentaje de la población continúa estando en desacuerdo y muy en desacuerdo con la afirmación “el país ha avanzado en la solución de las demandas sociales que dieron origen a las movilizaciones”, alcanzando un 83% de los encuestados. En tanto, solo el 13% manifiesta que sí se ha avanzado (de acuerdo y muy de acuerdo).
Asimismo, un aspecto que constata esta versión del sondeo es el aumento de la percepción de que los políticos no están más conscientes de las urgencias sociales después de las movilizaciones de 2019. Mientras que el 66% consideraba lo anterior en 2022, un 74% piensa así en esta nueva medición, implicando un alza de 8 puntos porcentuales en el período de un año. A su vez, un 23% creen que sí están más conscientes, en comparación con el 32% que así lo manifestaba el año anterior.
Esta sensación de falta de avances en las demandas y poca conexión de las autoridades se entrelaza, a su vez, con que el hecho de que el 71% de las personas considera probable y muy probable que vuelva a ocurrir un nuevo estallido social en el país, mientras que el 29% sostiene que es poco o nada probable.
Movilizaciones y violencia
Un 56% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo y muy de acuerdo con que “sin movilizaciones no hay cambios”, mientras que un 39% manifiesta la opinión contraria. En términos etarios, los jóvenes entre 18 y 29 años son los que más están de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación, con un 62,2%. Por su parte, los mayores de 65 son los que están más en desacuerdo con un 49,2%. Según identificación política, el 71,7% de quienes se declaran como de izquierda y centro izquierda está muy de acuerdo, cifra que contrasta con el 55% de quienes se identifican con la derecha y la centro derecha que está muy en desacuerdo con la afirmación.
Por otro lado, el sondeo del IPP UNAB concluyó que un 62% de los encuestados cree que sí se pueden realizar movilizaciones sin que se genere violencia a su alrededor, mientras que el 36% considera que esto no es posible. En ese sentido, el 51% no cree (desacuerdo y muy en desacuerdo) que para terminar con la violencia “basta con satisfacer las demandas sociales” y que “no se necesita usar la fuerza pública”.
Prioridades ciudadanas y lejanía con el proceso constitucional
El sondeo del Instituto UNAB de Políticas Públicas indagó también en las perspectivas ciudadanas frente al trabajo de redacción de una nueva Constitución. Así, se evidenció un bajo nivel de cercanía con el proceso constitucional en curso, con el cual el 40% de los encuestados se considera nada interesado, el 37% medianamente interesado y el 20% muy interesado. Lo anterior, ratifica con el sondeo también constató que sólo el 16,5% de la población considera que la redacción y aprobación de una nueva Constitución es uno de los tres principales problemas del país. En tanto, el combate a la delincuencia (73,2%), el comportamiento de los políticos y la corrupción (68,6%) y la inmigración (36,9%) son los más señalados como prioritarios por los encuestados.
Frente a estos resultados, el director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, afirmó que «mientras se consolida una visión negativa del estallido social y sus efectos, se aprecia un preocupante aumento en la sensación de distancia entre los políticos y las urgencias sociales de la ciudadanía, generando un alto nivel de insatisfacción en la capacidad de respuesta del mundo político. Esta lejanía coincide con el bajo interés en el proceso constitucional en curso al alejarse de las principales prioridades de los chilenos».
En este contexto, para Figueroa:
Cerrar definitivamente el debate constitucional puede presentarse como una oportunidad para que la política vuelva a conectar con lo que la ciudadanía considera urgente y, a su vez, podría ayudar a descomprimir la sensación aún latente de que ante la falta de respuestas otro estallido pueda volver a ocurrir
La muestra del estudio fue de 2.665 encuestas obtenidas en base a formularios autoadministrados a través de un panel online representativo a nivel nacional, con un margen de error corregido por sesgo de autoselección de 6,16%.