A cinco años del 18-O: el 89% de los chilenos cree que no se ha avanzado en la solución de las demandas sociales que originaron las movilizaciones

En la antesala del quinto aniversario del estallido social, el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello dio a conocer los resultados del cuarto sondeo “Las movilizaciones desde el retrovisor”, el cual indagó en la percepción de los chilenos y chilenas frente a los acontecimientos de octubre de 2019 y el impacto que éstos han tenido a lo largo de los años en el bienestar del país.

El estudio, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, evidenció un incremento en la percepción negativa de los efectos del estallido, además de una sensación de poco avance en la solución de los problemas que lo originaron y de un creciente deterioro político, económico y social en Chile.

Así, por ejemplo, el 68% de los encuestados considera que el contexto económico y social del país ha empeorado en los últimos cinco años, un 21% que se ha mantenido y un 11% que ha mejorado. Asimismo, el 61% (+ 3 puntos respecto a 2023) de la población cree que los efectos de las movilizaciones han sido negativos para el país porque “fomentó la violencia y la polarización”. En tanto, un 23% (-2 puntos) afirma que éstos han sido positivos ya que “ayudó a que las demandas de la ciudadanía fueran escuchadas” y un 15% (-1 punto) sostiene que no tuvo efectos ni positivos ni negativos.

Demandas sociales vigentes

Otro aspecto que constata esta cuarta versión del sondeo de la Universidad Andrés Bello es un aumento sostenido en la percepción de que, a pesar de las protestas sociales, la clase política no está conectada ni ha avanzado en la solución de las necesidades y prioridades que aquejan a la ciudadanía.

Mientras que, en el año 2022, el 66% de los encuestados creía que los políticos no eran conscientes de las urgencias sociales tras de las movilizaciones, para el año 2023 esta cifra aumentó a un 74% y, en 2024, esta percepción desfavorable volvió a incrementarse en 9 puntos porcentuales hasta alcanzar un 83% de las menciones. En esta última medición, por el contrario, el 17% cree que las autoridades sí están más conscientes, 6 puntos porcentuales menos que en 2023.

Dentro de este mismo aspecto, el sondeo midió un aumento en la sensación de estancamiento en la solución de las demandas. De esta manera, el 89% (+6 puntos) está en desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación “el país ha avanzado en la solución de las demandas sociales que dieron origen a las movilizaciones”. En tanto, sólo el 9% (-2 puntos) manifiesta que sí se han logrado avances (de acuerdo o muy de acuerdo).

Sobre la capacidad económica del país para financiar las demandas sociales en pensiones, transporte y salud, entre otros, un 42% de las personas cree que sí se pueden satisfacer, pero sólo con gradualidad; un 39% considera que Chile sí tiene los recursos suficientes para conseguirlas y un 19% sostiene que no es posible puesto que las pretensiones son infinitas y los recursos limitados, cifras que no registraron cambios significativos con respecto a la medición anterior.

Movilizaciones, ¿con o sin violencia?

Un 55% (-1 punto) de los encuestados manifiesta estar de acuerdo o muy de acuerdo con que “sin movilizaciones no hay cambios”, mientras que un 45% (+7 puntos) tiene la opinión contraria. Por otro lado, el sondeo del IPP UNAB concluyó que un 53% (-8 puntos) de los participantes del estudio cree que sí se pueden realizar movilizaciones sin que se genere violencia a su alrededor, en tanto, el 45% (+9 puntos) considera que esto no es posible. En ese sentido, el 54% (+ 3puntos) no cree (desacuerdo y muy en desacuerdo) que para terminar con la violencia “basta con satisfacer las demandas sociales, no se necesita usar la fuerza pública” y un 46% (+2 puntos) está de acuerdo con lo anterior.

Finalmente, cabe destacar que el 64% de los encuestados considera probable o muy probable que vuelva a ocurrir un nuevo estallido social en el país, cifra que, si bien es alta, registró una caída de 7 puntos porcentuales al contrastar con los datos de 2023. Por el contrario, el 36% (+7 puntos) sostiene que es poco o nada probable.

Prioridades y distancia con un nuevo proceso constitucional

Consultados sobre los principales problemas que aquejan actualmente al país, el 77,53% (+4,33 puntos) menciona el combate contra la delincuencia y el crimen organizado y un 69% (+0,4 puntos) considera que es el comportamiento de los políticos y la corrupción. Más abajo se posicionan la inmigración con un 47,44% (+10,54 puntos), las pensiones con un 21,74% (-1,86 puntos), la economía con un 16,95% (-1,55 puntos) y el acceso oportuno y de calidad a la salud con un 15,97% (-0,53 puntos), entre otras. La redacción y aprobación de una nueva Constitución, en cambio, alcanzó el 4,52% de las menciones, registrando un descenso de 8,18 puntos porcentuales en comparación con la medición previa.

En sintonía con lo anterior, la encuesta del Instituto UNAB de Políticas Públicas reveló que el 38% de los chilenos afirma que no es importante iniciar un nuevo proceso constituyente en la actualidad y un 34% considera que fue un error hacer abierto esa posibilidad en el pasado, mientras que un 22% cree que sí es necesario para la estabilidad del país.

Frente a estos resultados, el subdirector del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Gonzalo Valdés, afirmó que “en paralelo, las cifras muestran poco interés por repetir un estallido, gran demanda por cambios y escasa confianza en nuestros políticos. Es decir, a la luz de estos datos la vía de la insurrección probó ser equivocada, sin embargo, esto no significa que haya satisfacción con la forma en que funciona actualmente el país. Casos como el Hermosilla y Democracia Viva horadan aún más la confianza en las instituciones, por lo que en estas condiciones no es posible descartar una deriva populista”.

En este contexto, para Valdés “no es posible gobernar un país con 22 partidos políticos y otros más que están en formación. La ciudadanía no conoce ni a sus candidatos ni a sus representantes, y menos sabe qué piensan. Ahora tampoco conoce el ideario de los partidos, a cuál pertenece cada candidato, ni qué responsabilidades tiene un cargo como el CORE. La reforma al sistema político es urgente y el llamado es a que tanto las autoridades de gobierno como los representantes de los partidos materialicen un acuerdo que permita ofrecer una mejor efectividad y gobernabilidad, pues la desafección ciudadana es evidente”.

La muestra del sondeo fue de 3.046 encuestas obtenidas en base a formularios autoadministrados a través de un panel online representativo a nivel nacional, con un margen de error corregido por sesgo de autoselección de 6,13%.

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