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En columna de opinión publicada en diario La Tercera, José Rodríguez, rector de la Universidad Andrés Bello, cuestiona la premura con la que se está legislando en torno al proyecto de Educación Superior, por motivos “totalmente ajenos al proyecto mismo y los beneficios de éste para la sociedad”. Revisa aquí su columna “Una discusión imprudente”, publicada este 10 de enero de 2018.

 

Una discusión a velocidad imprudente

El pie en el acelerador y a una velocidad que claramente excede los límites razonables. Esa es la mejor manera en la que podría definirse la planificación legislativa en lo relativo a la reforma a la educación superior. Según la programación de la Comisión de Educación ya la próxima semana debieran estar concluyendo la votación en particular de la iniciativa (sus miembros han dicho que incluso puede que sesionen los viernes y sábados); luego debe pasar a la Comisión de Hacienda y la Sala del Senado. De ahí viene el tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados y luego de ello, como es altamente probable, pasaría a una comisión mixta.

Todos esos trámites deben realizarse insólita y apuradamente antes de fin de mes. Una velocidad que se explica solo por la proximidad del cambio de gobierno y del Congreso el 11 de marzo próximo. ¿Se justifica apurar un proyecto de reforma tan importante para Chile solo porque se quiere tenerlo listo antes de esa fecha? ¿Qué capacidad de análisis tendrán los parlamentarios con tan pocos días? ¿No debiéramos exigirle a nuestros parlamentarios que legislen de manera responsable para evitar aprobar iniciativas que luego requieran otros proyectos de ley para corregirlas?

La reforma que se plantea aprobar en estos escasos días ha tenido una serie de vaivenes que muestran su complejidad, además de haber recibido críticas transversales de todos los actores que han ido a presentar a las distintas comisiones en el Congreso. Fue por este rechazo generalizado que apenas nueve meses después de presentada, el propio gobierno debió ingresar una indicación sustitutiva que dividió el proyecto en dos; la Cámara de Diputados ingresó más de 500 indicaciones y se hicieron también alrededor de 15 reservas de constitucionalidad. Todo ello en solo un año y medio de tramitación parlamentaria (y más de tres de discusión). Hoy, en el Senado, el proyecto tiene más de 700 indicaciones entre las de parlamentarios y del propio gobierno

¿Podrán los senadores de la Comisión de Educación en estas escasas sesiones analizar en su justa medida todas esas indicaciones y calcular responsablemente los impactos de cada artículo para el país? Quizás sea tiempo de que nuestros parlamentarios se pregunten tras todas estas modificaciones, avances y retrocesos, si lograremos llegar a puerto con el proyecto que Chile espera y se merece o más que nada se están enfocando en cumplir plazos autoimpuestos, motivados por temas totalmente ajenos al proyecto mismo y los beneficios de éste para la sociedad.

La educación es materia de la mayor importancia para los países por su gran impacto social, por ello las políticas educacionales se deben construir sobre la base de consensos mínimos que consideren las diversas visiones y sensibilidades. Lamentablemente, esto no ha sucedido y claramente ello no es bueno para el país. La política tiene sus códigos y hay que respetarlos, pero en ocasiones también se debe tener en cuenta que todo un país está mirándolos y que espera se comporten a la altura del desafío que tienen por delante: cambiar el sistema de educación superior, mejorarlo y con ello cambiar la vida de miles de estudiantes y sus perspectivas futuras. Es un gran desafío para abordar….en solo dos semanas.

José Rodríguez
Rector
Universidad Andrés Bello

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