Diario UNAB

A un año de su retiro, asegura que siempre trató de entregar lo mejor de sus capacidades, pero lamenta no haber podido responder a todos quienes vieron desaparecer a sus seres queridos. “No tengo dificultades de conciencia respecto de lo que he hecho”, dice y espera que sea la historia quien juzgue sus actuaciones judiciales.

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A un año de su retiro, el ministro de la Corte Suprema y académico UNAB, asegura que siempre trató de entregar lo mejor de sus capacidades, pero lamenta no haber podido responder a todos quienes vieron desaparecer a sus seres queridos. “No tengo dificultades de conciencia respecto de lo que he hecho”, dice y espera que sea la historia quien juzgue sus actuaciones judiciales.

Por Lorena Mancilla

Tuvo en sus manos dos emblemáticas causas de Derechos Humanos: el “Caso Degollados”, como se denominó a la investigación de las muertes de José Miguel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino, y la “Operación Albania”, sobre el secuestro y homicidio de 12 frentistas, ocurridos en 1987. Esta última, le valió el veto de la derecha en el Senado para ascender a la Corte Suprema en 1998, un impedimento legal incorporado en la reforma judicial en los 90’s, y que en 2001 logró sortear. En 2010, llegó a encabezar el máximo tribunal.

 Hoy, tras 50 años en el Poder Judicial, Milton Juica Arancibia, el emblemático juez que durante toda su carrera intentó avanzar en causas de Derechos Humanos, se prepara para dejar el estrado. En junio de 2018 cumplirá 75 años y por ley debe abandonar la Corte Suprema.

Aunque liberal, de bajo perfil y siempre crítico de lo que hicieron la mayoría de sus pares en la década de los 80, a Juica difícilmente se le puede endosar un sector político. Prueba de esa independencia es que, tras asumir como ministro de la Suprema, optó por integrar el Tribunal Calificador de Elecciones desde 2004 a 2008. Ese año asumió la vocería del máximo tribunal.

Cercano al retiro, y como conoce el peso de sus palabras, espera que sea la historia quien juzgue sus actuaciones judiciales, las cuales demostraron que investigar e impartir justicia en Chile siempre es posible.

—En junio próximo cumplirá 75 años y deberá abandonar la Corte Suprema. ¿Qué sensación le provoca el retiro?

—No es algo que me estrese, comprendo que todo juez tiene un tiempo para trabajar y otro para retirarse. Antes era más complejo, porque no existía esta obligación y cuando una persona ya tiene sus años tiende a creer que es imprescindible, que nadie hará el trabajo como él, pero eso es algo subjetivo y personal. Aunque, desde el punto de vista personal, creo que he cumplido una misión haciendo un trabajo decente, tratando de entregar lo mejor de mis capacidades para otorgar el mejor resultado a un juicio. Y bueno, no tengo dificultades de conciencia respecto de lo que he hecho, pero tampoco puedo asegurar que lo hice muy bien, porque un juez nunca lo sabe.

—A pesar del descontento que hoy existe con el Poder Judicial ¿Cuál es su mirada de cómo ha visto la evolución de la justicia en Chile?

FireShot Capture 14Tengo cierta satisfacción de haber observado el cambio evolutivo que ha tenido la Corte Suprema chilena: de dejar de ser un testigo y volverse partícipe importante en la consolidación democrática del país a través de investigaciones importantes, aceptando el respeto y protección de los Derechos Humanos. Principalmente, entendiendo que Chile no está encerrado en una legislación interna, sino que tiene que asumir que el Derecho Internacional también forma parte del derecho interno, sobre todo en cuanto a la protección de las garantías constitucionales. Eso, el Poder Judicial lo ha asumido muy bien y hoy en día respeta y aplica con mucha claridad todos los preceptos que están establecidos en el mundo jurídico internacional.

—¿Siente que abandona el Poder Judicial dejando una alguna deuda pendiente?

—Bueno… todavía no están resueltos todos los asuntos relacionados con los Derechos Humanos, ocurridos durante la dictadura, pero se ha hecho un gran esfuerzo para avanzar. Como nunca, se han dictado muchas sentencias. El mundo histórico chileno podrá darse cuenta que se han hecho estrechas las cárceles para asegurar el presidio de las personas que han cometido este tipo de delitos. Ese ha sido un avance notable. Sin embargo, aún quedan cosas pendientes, quizás lo más dramático es no haberle podido dar respuesta a todas aquellas personas que vieron desaparecer a sus seres queridos, porque nunca se ha podido descubrir dónde están o qué pasó con ellos. Parece ser cierto que, efectivamente, los hicieron desaparecer para que no fueran encontrados nunca. Eso es una herida que va ser muy difícil de cerrar. La gente dice que hay que esperar, que el tiempo ha pasado y que hay que olvidar, pero eso es sólo algo bonito para decir, mientras no le toque a uno.

—Usted estuvo a cargo de investigaciones emblemáticas de Derechos Humanos ¿Existe alguna que lo haya marcado especialmente?

—Todos los casos de Derechos Humanos me marcan. Todos representan un dolor fuerte no solamente para sus familias, sino que también es un dolor que está metido en el corazón de esta sociedad. Y claro, yo tuve varias causas, pero tampoco es mi deseo entrar a decir que fueron buenas o malas. Tuve muchas causas y logré tener buenos resultados en la investigación de este tipo de causas, pero es todo lo que puedo decir, porque es la historia la que finalmente juzgará estos actos.

—¿Pensó en algún momento que estas causas lograrían cerrarse?

CS_Milton_juica006_141e (2)—Hubo una sensación de impunidad, se pensó y se diseñó un sistema para la impunidad. Se dictaron sistemas jurídicos que hicieron imposible investigar. Se crearon competencias exorbitantes de la Justicia Militar y, por último, para asegurarse se dictó una la Ley de Amnistía que perdonaba y hacía extinguir todos los recursos. Hubo todo un aparataje para impedir la acción de la Justicia y a pesar de eso, los tribunales superaron algo casi imposible de superar. Hoy por hoy, ni el mundo político de la derecha reclama que no hay que investigar. Antes reclamaban que había que aplicar la Ley de Amnistía, mediante la prescripción, porque no reconocían que se hubiesen cometido los delitos. Ahora nadie lo discute. Los medios de comunicaciones también hicieron esfuerzos para superar eso. Lo que hoy se sigue discutiendo son cuestiones que tienen que ver con darle un trato más preferente a las personas condenadas por este tipo de causas, pero eso escapa al Poder Judicial, pero eso es una cuestión de política. Es decir, no discuten que están mal condenados, se discute la posibilidad de otorgarles mejores condiciones para cumplir las penas. Sin embargo, nadie discute que no hay que aplicar la Ley de Amnistía y que no hay que aplicar los tratados de Derechos Humanos.

—¿Qué opina del sentimiento de desigualdad que manifiesta la ciudadanía ante la Justicia?

—No es que sea una sensación, es un hecho objetivo. Chile mantiene un grado de desigualdad social muy fuerte que explica, no justifica, rebrotes de manifestaciones, pero esa solución se debe entregar a nivel político y yo no soy político. Esa desigualdad deriva en que la gente entienda que la Justicia no llega de la misma manera a todas las personas. Y claro, una persona que es pobre, tiene menos posibilidades de defenderse ante un tribunal, porque no tiene recursos para pagar un abogado o porque el Estado no presta servicios asistenciales para evitar esa situación. Los tribunales lo entienden y lo tratan de evitar, tanto que incluso ocasiona molestia en ciertas élites.

—Los últimos escándalos de corrupción y conflictos de interés en Chile han tenido como protagonistas a ex y actuales autoridades. ¿Qué piensa al respecto?

—Una de las cosas beneficiosas que ha tenido la Democracia durante los últimos años es haber establecido la obligatoriedad de la transparencia de los actos de los órganos del Estado. Esa es una modificación constitucional muy importante. Cuando se establece una transparencia objetiva, obligatoria y general nadie puede, siendo órgano del Estado, negarse a entregar toda la información, ya que existen mecanismos para hacer entrega de esa información. Lo importante es que los órganos de Estado reaccionen claramente en contra de cualquier acto de corrupción y no busquen martingalas para tratar de ocultar o salvar a aquellas personas que han sido corruptas. Claro, desde el punto de vista de la política, evidentemente, es difícil, porque los políticos actúan con partidos políticos, con miembros políticos donde hay un cierto grado de tolerancia hacia estos actos. Tolerancia que no es aceptable, por supuesto.

¿Y en el caso de los jueces?

—A los jueces les está asegurada la independencia y están obligados a ser imparciales. La norma está para asegurar esos principios. Ahora, el juez que no quiere ser independiente lo hace voluntariamente. El juez que acepta una presión la va a aceptar pudiendo negarse a hacerlo y fácilmente, pero a lo mejor se siente inhibido o porque está en la búsqueda de una ganancia futura, lo cual es muy nefasto. Pero un juez, digamos de corazón, tiene herramientas para hacer lo que él estime conforme a su conciencia y convicción jurídica o moral para resolver un asunto. Yo tengo claro que yo no le debo nada a nadie y tampoco nadie me debe rendir cuentas a mí.

—¿Cuáles son sus planes una vez que deje la Corte Suprema?

—Espero seguir siendo profesor de Derecho hasta cuando estime que mis condiciones no están dadas para enseñar. Me gusta mucho enseñar y me interesa que los alumnos sean buenos abogados y fuera de eso ya no voy a estar en el Poder Judicial. Lo otro es que me ponga en el lado contrario que es abogado litigante, pero no lo he pensado ni tampoco es una preocupación. No sé si me va a bastar con la Academia, aunque creo que sí, porque tengo muchas cosas en mente. Muchas cosas que he empezado a hacer y aún no he terminado.

 

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